Un grupo de superhéroes se tomó la plaza de La Merced, frente a la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil. Esa fue la forma de protestar del Observatorio Ciudadano de Justicia, conformado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil.
La mañana de este viernes 8 de diciembre exigieron la pronta investigación y juzgamiento de las denuncias de corrupción. La manifestación fue organizada por el Día Internacional contra la Corrupción, que se recuerda mañana (9 de diciembre).
“Se pudo financiar por cinco años el presupuesto nacional de educación”, “16 000 kilómetros de carreteras se pudieron construir en los últimos diez años”, “8 000 escuelas del milenio se pudieron levantar si no hubiese corrupción”, fueron algunas de las frases que repitieron quienes se disfrazaron para reclamar por el alto costo social y financiero de la corrupción.
Glenda usó un antifaz y se paseó con dos maletines que parecían reventar de billetes falsos. En su pecho colgó una leyenda: ‘la delincuencia tiene derechos humanos, la víctima no tiene abogado’. “Estamos hartos de tanta impunidad”, gritó la mujer.
Karina (nombre protegido) tiene 9 años y miró desde la puerta de la Fiscalía a los manifestantes, vestidos como algunos de sus personajes favoritos de películas. Este viernes se trasladó con su familia desde Balzar (Guayas) para presentar una denuncia por presunto abuso sexual. La pequeña cursa el quinto de básica en una escuela fiscal y el maestro acusado ya fue detenido.
“Nos contó que ese hombre la estaba tocando, pero parece que nos dijo a tiempo. Ahora estamos esperando que le hagan algunos exámenes”, dijo el padre de la pequeña.
Durante casi dos horas subieron y bajaron las escaleras de la Fiscalía, en busca de médicos y fiscales. No tenían un abogado que los oriente y más bien, en los pasillos, se topaban continuamente con el defensor de Franklin B. J., el supuesto agresor.
En el plantón por el Día Internacional contra la Corrupción también se encendieron velas para reclamar por los delitos sexuales contra menores de edad, suscitados dentro del ámbito educativo.
Para Pedro Granja, abogado que ha llevado varias demandas de este tipo, es necesario hacer una serie de reformas legales, incluso a la Constitución, que establezcan sanciones sean más severas en casos que afecten los derechos de los niños y adolescentes. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), dispone pena privativa de libertad de 19 a 22 años por violación, y de tres a 10 años por abuso sexual.
“Hay un fenómeno criminal que ha desbordado nuestra legislación penal. El violador ya no respeta la norma penal, así que hay que establecer otro tipo de custodia de seguridad, como el internamiento permanente en un centro psiquiátrico, para evitar que sigan saliendo y cometiendo estos horrores”, opinó Granja.
César Cárdenas, uno de los promotores del plantón de este viernes en Guayaquil, hizo una comparación entre el costo promedio anual de la corrupción y, por ejemplo, la inversión que pudo destinarse al sector educativo.
“Se pudo contratar un médico o psicólogo para cada uno de los 21 333 establecimientos educativos del país, por cinco años y con salario digno, si no hubiese corrupción”, aseguró al final de la manifestación.