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OEA rechaza la destitución de magistrados y del Fiscal General en El Salvador; EE.UU. expresa su ‘profunda preocupación’

Miembros de la Policía Nacional Civil custodian la entrada a la sede de la Corte Suprema de Justicia luego de la juramentación de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en El Salvador. Foto: EFE

Miembros de la Policía Nacional Civil custodian la entrada a la sede de la Corte Suprema de Justicia luego de la juramentación de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en El Salvador. Foto: EFE

Miembros de la Policía Nacional Civil custodian la entrada a la sede de la Corte Suprema de Justicia luego de la juramentación de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en El Salvador. Foto: EFE

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este domingo 2 de mayo del 2021 la destitución por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general de ese país, Raúl Melara, y además las acciones del Ejecutivo liderado por el presidente Nayib Bukele “que guiaron estas decisiones”.

“En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.

El organismo interamericano, con sede en Washington, advirtió que “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios”.

“Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agregó el pronunciamiento.

Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.

La OEA señaló como ” imprescindible en esta coyuntura” que se dé continuidad a los trabajos de la Misión Especial presidida por Santiago Cantón, quien en cumplimiento del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana visitó ese país para evaluar su situación y contribuir a preservar su institucionalidad democrática.

En un informe difundido este domingo, la misión expresó su “preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña”, específicamente en relación con las denuncias sobre “la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información” y “el posible aumento en la militarización del país”.

La misión también aludió a las denuncias de incumplimiento a las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Paz de enero de 1992 -que pusieron fin a 12 años de guerra civil en ese país-, de desacato “expreso” a las sentencias judiciales, de la vulneración de los derechos de personas que fueron privadas de la libertad a raíz de “decretos inconstitucionales” promulgados para contener la pandemia y de expresiones que fomentan la violencia contra altas autoridades de las instituciones democráticas del Estado.

En su cuenta de Twitter, Cantón advirtió este domingo que el presidente salvadoreño “continúa deteriorando la frágil democracia” de ese país y adjunto el informe de la misión.

En una declaración posterior a las destituciones y ante la reacción internacional, Bukele señaló el sábado en su cuenta de Twitter: “Estamos limpiando la casa”.

EE.UU. expresa a Bukele profunda preocupación por destituciones en El Salvador

El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo 2 de mayo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.

En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken -agregó la nota- destacó “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador”, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la separación de poderes, la defensa de una prensa libre y una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado.
Todo ello, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, depende de un estado de derecho para “hacer crecer un futuro exitoso para el pueblo salvadoreño”.

Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Juan González, el principal asesor del presidente de EE.UU., Joe Biden, para Latinoamérica, se pronunció el mismo sábado sobre la situación, al igual que la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.

“Así no se hace”, escribió en español González en su cuenta de Twitter.
Chung, por su parte, indicó en la misma red social que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado por Bukele “que guiaron estas decisiones”.

Al pronunciamiento de la OEA se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado salvadoreño respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró “inconstitucional la resolución de la Asamblea” y que garantice “la separación de poderes y el orden democrático”.