Redacción Sociedad
Hace casi una semana, el martes 15, el vicepresidente Lenín Moreno, en nombre del Ejecutivo, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación.
Ayer, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, presentó los cambios que propone. En resumen, el anteproyecto busca “redefinir la carrera docente”.
Crea las juntas de regulación de conflictos, que simplificarían los procesos de apelaciones, aparte del Instituto Nacional de Evaluación, la Casa de las Lenguas Ancestrales y la Escuela Superior de Pedagogía.
En el nuevo modelo de gestión se descentralizarían las temáticas. El Ministerio se encarga de las políticas estándares, de la planificación y de los proyectos de inversión de carácter nacional.
Los niveles regionales estarían a cargo del control y regulación. Los distritos, de los trámites, atención a la ciudadanía, asesoría educativa, etc. Los circuitos serían una red de servicios e instituciones educativas en un territorio, administrarían recursos de operación y mantenimiento. Además se fortalecerían los gobiernos escolares.
Un punto polémico es la creación del nuevo escalafón, que tendría cuatro categorías y no 10 como hasta ahora. El ascenso estará ligado a los resultados de las evaluaciones, al programa de desarrollo profesional y a los títulos.
El Ministerio ofrece una remuneración variable en cada una de las categorías, según la eficacia del profesor, todo medido por pruebas de evaluación. Para ejercer la cátedra, todos los profesores deberán cumplir un año de servicio rural y acreditarse cada cinco años.
También se habla de un concurso para convertirse en directivos, que estaría también dirigido a quienes no son docentes del magisterio fiscal.
En el tema de los niveles educativos, se pretende que la educación inicial no escolarizada sea de los 0 a los 3 años; la escolarizada, de los 4 a 5; la educación básica se extenderá hasta el décimo de básica. El bachillerato será unificado y sin especializaciones, se crea la opción de bachillerato extendido técnico.
En cuanto a la educación particular, la propuesta de reforma inserta un nuevo concepto: cada plantel deberá renovar su permiso de funcionamiento cada cinco años, entre otras cosas.