Bogotá, AFP
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reiteró que su eventual postulación a un tercer periodo de gobierno en las elecciones del próximo mayo depende de la justicia, “el pueblo y Dios”, y pidió a los colombianos mantener las políticas que ha desarrollado en estos ocho años.
Una nueva candidatura, para la que tendría apoyo mayoritario, “dependerá de la Corte Constitucional, del pueblo y de Dios nuestro señor”, dijo Uribe hoy a la emisora local Voz de Montería.
“Pero no tengo vacilaciones de que esta patria necesita mantener una política de seguridad, de promoción de inversiones, una política social, mejorándolas todos los días. Invito a los Colombianos a no tener dudas en mantener ese caminito”, agregó el mandatario.
Uribe, un abogado de derecha de 57 años, mantiene niveles de popularidad de alrededor del 70%, según los sondeos, y presenta como uno de los mayores logros de su gobierno la política de “seguridad democrática”, que privilegia la acción militar frente a las guerrillas izquierdistas.
La incertidumbre sobre si Uribe, en el poder desde el 2002, se lanzará nuevamente a la presidencia mantiene prácticamente paralizado el debate electoral en Colombia, a cinco meses de los comicios, sin que su Partido la U proponga formalmente un aspirante, mientras los demás candidatos dudan sobre la estrategia a trazar en un panorama aún indefinido.
Repetidamente, Uribe se ha negado a dar una respuesta clara sobre si desea o no lanzarse nuevamente a la presidencia.
La primera reelección de Uribe, en 2006, se logró con una modificación de la Constitución, que hasta entonces no permitía un segundo mandato consecutivo.
Para que el actual mandatario pueda optar a un tercer periodo de gobierno en los comicios del 30 de mayo del 2010, la Corte Constitucional debe dar su aval a una ley aprobada por el Congreso en septiembre de 2009 que permitiría realizar una enmienda a la Constitución si ésta es aprobada en referéndum.
La ley evaluada por la Corte fue aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en medio de denuncias de la oposición de que hubo pago de sobornos por parte del gobierno, lo que el Ejecutivo negó.