El anuncio del presidente Rafael Correa sobre el veto parcial a la Ley de Servicio Público ha generado nerviosismo dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.
“Voy a reunirme mañana (hoy) con mi grupo de asesores para analizar el tema. Aunque no conozco con exactitud cuáles son los artículos que va a vetar, sí estoy preocupada”, dijo Nívea Vélez, presidenta de la Comisión.El pasado sábado, en su cadena semanal, el Mandatario anunció que uno de los artículos que se vetará es relativo al ámbito de aplicación de la Ley.
Correa criticó que en el texto se deje fuera a la Contraloría General del Estado y las funciones Legislativa y Judicial, las cuales se regirían con sus propias normas para administrar el talento humano y los sueldos.
Vélez afirmó que incluir a la Contraloría dentro del ámbito de aplicación es un tema demasiado complejo porque, según ella, sería atar a una entidad que debe hacer el seguimiento y valoración de todos los servidores públicos, lo que implicaría que se conviertan en “juez y parte”.
Precisamente, la Constitución en su artículo 212 establece que la Contraloría se encargará del control administrativo, que implica auditorías y vigilancia de las entidades del sector público.
Según el asambleísta Línder Altafuya (Movimiento Popular Democrático), esto se tomó en cuenta para la exclusión de la entidad del ámbito de la aplicación de la Ley. “Además, la Constitución también establece que tanto el organismo de control como las funciones Legislativa y Judicial deberán regirse por sus propias normas”.
Los legisladores están a la expectativa de la llegada del veto parcial a la Asamblea, una vez que se reinstale mañana. Hay incertidumbre con respecto a si se incluirán más objeciones presidenciales alrededor del texto.
Andrés Páez, de la Izquierda Democrática, cree que el veto debe ir más allá de un solo artículo. “Debería objetarse esa disposición absurda de permitir que los extranjeros ocupen nuestras fuentes de trabajo en el sector público”.
Sin embargo, Correa ya anunció que no habrá cambios en la disposición que permite a los extranjeros a formar parte de la burocracia si tienen cinco años de residencia en el país.
Según Páez, también debería objetarse el artículo 29 en el que se establece que los servidores públicos podrán obtener permisos imputables a vacaciones. Él asegura que los permisos no deben descontarse de los días de descanso, que son un derecho.
A pesar de estas críticas, la Ley goza de la aceptación de la mayoría de legisladores dado que el pasado 11 de agosto se aprobó con 106 votos a favor.
Este apoyo es el que Vélez se mantenga tras la presentación formal del veto parcial que hará el Presidente a la Ley.