USD 1,6 millones para pago de burócratas
Los ex empleados de la Universidad Central (UCE), que salieron de sus puestos de trabajo en base al mecanismo de jubilación obligatoria (74 personas durante el 2010 y alrededor de 40 este año), recibieron la indemnización que el Estado les adeudaba.
El artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece que los burócratas mayores de 70 años deben dejar forzosamente sus cargos. Ellos, por una única vez, recibirán una indemnización de cinco salarios básicos (USD 218 para el 2010) por cada año de servicio, a partir del quinto año de labor y hasta 150. Para el pago, el Estado debía hacer las reformas presupuestarias, siempre en función de la disponibilidad fiscal.
Pero esta norma no se cumplía ya que, hasta inicios del mes pasado, los ex empleados, beneficiarios solo de su pensión por jubilación, seguían impagos.
Según Catalina Aulestia, presidenta de la Asociación de Empleados de la UCE, esta situación cambió luego que el Ministerio de Relaciones Laborales y su institución educativa acordaron que esta última preste al Estado USD 1,6 millones para el pago de los ex empleados.
“Luego, el Ministerio de Finanzas les devolvería. Para esto se firmaría un convenio entre las dos instituciones”, señaló.
Es decir, la institución educativa está poniendo el dinero pese a que en julio de este año, el Ministerio de Finanzas indicó que se asignaron USD 140 millones para el pago de las indemnizaciones por jubilación forzosa y retiro voluntario en todo el sector público. De este total previsto según explicaron las autoridades, hasta esa fecha se habían transferido USD 10 millones.
El Estado también deberá contar con los fondos para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores públicos que salgan mediante el mecanismo de compra de renuncia obligatoria, establecido en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813.
Tras la publicación de esta norma, en julio, empleados públicos pidieron ante la Corte Constitucional que esta sea declarada inconstitucional. Según Remigio Hurtado, representante de los servidores, hasta que no se resuelva este proceso no se aplicará el Decreto 813. Pero, el pasado viernes, empleados del Banco Central ya habrían salido de sus cargos bajo esa normativa.