El salario de los trabajadores del sector público está congelado y, según sectores gremiales, la subida de USD 25 beneficia únicamente a los trabajadores privados. Sindicalista insistirán durante este año en la reclasificación de puestos y la definición de una política general de sueldos para empleados públicos y privados.
El objetivo es que con una nueva política se realice un alza salarial para trabajadores tanto del sector público como del privado. El incremento de los USD 25 en el Salario Básico Unificado (SBU) es solo para el privado, no para los trabajadores que laboran bajo la Ley Orgánica de Servicio Público y del Código del Trabajo, señala José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).
Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), solicita al Ministerio de Trabajo la reclasificación de los puestos porque actualmente “no se respeta el derecho a un plan de carrera que debe tener todo servidor público para ascender”.
“Felizmente, para concluir el año (2021), logramos la reclasificación de aproximadamente 1250 compañeros del Ministerio de Educación, en una tercera fase”, enfatizó Bastidas. Falta la reclasificación de puestos y revisión de salarios para servidores del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Registro Civil, entre otros, aclaró. Por lo que su organización se reunirá la próxima semana para elaborar un plan de acción.
Wilson Álvarez, representante de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, lamenta que el alza salarial no se haya dado para todos los trabajadores, que existan despidos y que las políticas del Gobierno beneficien “a los grandes empresarios”.
La reclasificación de puestos son procesos complejos que suponen mayores presupuestos, según explicó el viceministro de Trabajo, Jorge Benavides. “Lo que se va trabajando en tiempos complejos, en términos económicos, sin dejar de velar por los derechos de los servidores públicos es a través de procesos de optimización que se hacen desde las unidades de Talento Humano (de las instituciones del sector público), con las debidas planificaciones”.
Por su parte, Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que “el 99,5% de las empresas en el Ecuador son MIPYMES, empresas que fueron fuertemente afectadas por la pandemia y el 2021 han trabajado fuertemente para equilibrar sus finanzas. Este grupo de empresas representan el 61% del empleo formal, registrado en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), en este sentido la capacidad de afrontar un incremento salarial es más fuerte para este grupo pues su músculo financiero es diferente y más vulnerable que una gran empresa”.
Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), coincide en que más del 90% de las empresas en el país son MiPymes y que el alza salarial es “muy fuerte para esas empresas”. Aspiraba que se concrete la reforma laboral antes que el alza salarial.
Una vía para mejorar la política de sueldos es que el CNTS cambie de metodología y discuta mensualmente la situación de los trabajadores públicos y privados. Y así, “aterrizar a fin de año en una política adecuada de sueldos y salarios. Caso contrario, sucederá lo mismo en los próximos tres años. Se reúnen por cumplir, pero al final quien va a determinar la fijación salarial será el Gobierno”, reprochó el dirigente Villavicencio.
Pero el viceministro de Trabajo aclaró que las tres reuniones que debe tener el CNTS a finales de año está debidamente reglamentado en decretos ministeriales.
Nueva política para trabajadores públicos y privados
A finales de diciembre del 2021, la Conasep logró la reclasificación de alrededor de 1 250 servidores públicos del Ministerio de Educación. El mismo pedido ha realizado la organización en otras carteras de Estado porque no son “regalías”, sino que se busca “la igualdad de salarios”, según Bastidas.
La Conasep no se opone a que se reduzca el tamaño del Estado, pero piden justificar aquello mediante una auditoria. Incluso hay servidores públicos que están abiertos a acogerse a la compra de renuncias, pero hay otra propuesta con relación al jerárquico superior “¿no quieren aumentar el tamaño del Estado? No aumenten las cuotas políticas”, plantea el dirigente.
El costo de la canasta básica familiar, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se ubicó en USD 715,31 hasta noviembre de 2021. El “salario digno” de un trabajador debe ser igual a ese costo, estima Wilson Álvarez. Con el actual salario básico, él no tiene expectativas positivas sobre la economía de los trabajadores en 2022.
El sector empleador requiere de “una reforma laboral real” que permita tener jornadas laborales flexibles, acordes a la realidad actual, porque solo el 14% de 300 empresas nacionales y multinacionales en Ecuador habló de un potencial alza salarial, según una cuenta de la consultora PwC Ecuador, recordó Gómez de la Torre.
