Por debajo de estas viviendas, del barrio Colinas Petroleras, atraviesa el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), que transporta petróleo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Todos los días, entre las 03:00 y 04:00, la casa de Gladys Carcelén vibra como si un camión atravesara la cocina. El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una tubería que transporta petróleo, cruza por debajo de las paredes y de los adoquines de su propiedad.
Para evadir el ducto que separa patio y cocina, ella construyó unas gradas de cemento. El bombeo de 15 000 barriles diarios de crudo por hora produce el golpeteo que la despierta todas las madrugadas, desde hace casi 20 años.
Arterias petroleras como estas tienen “derecho de vía”, lo que significa que a 15 metros de cada lado del tubo está prohibido todo tipo de construcción. Pero en Nueva Loja, Sucumbíos, hay 100 familias que se asentaron en los primeros 500 metros de la ruta del Sote. De ellas, 15 construyeron su vivienda sobre la tubería.
Atraídos por las fuentes de empleo que supuso la actividad petrolera y sin un lugar propio para vivir, Carcelén y su esposo invadieron en 1993 parte de los terrenos de la estatal Petroecuador. Ellos, junto con otras familias, fundaron el barrio Colinas Petroleras.
El Municipio de Nueva Loja no solo que aprobó los planos del barrio y entregó escrituras, sino que dotó a las viviendas de alcantarillado, agua y energía eléctrica. Adoquinó calles y construyó veredas. Todo esto sobre el oleoducto.
Carcelén supo que el Sote cruzaba su terreno cuando empezó a ampliar su vivienda y los trabajadores que operaban la maquinaria que desmontaba el terreno gritaron: “¡Cuidado con el tubo!”.
Reconoce que al principio no dio importancia al ducto. Lo único que quería era tener una vivienda propia, pero hoy la idea de que la tubería se rompa no la deja tranquila.
Entre 1972 y 2013, en toda la línea del Sote han ocurrido 72 roturas. Deslaves, crecientes de ríos, atentados, un movimiento telúrico e incluso un accidente de tránsito figuran entre las causas.
“Sabemos del riesgo. Mi esposo me dice que ya es hora de salir de aquí, pero no tenemos un sitio adónde ir”. El 17 de junio del 2013, este Diario reveló la historia de estas familias. Cuatro años después, todo luce igual.
En las viviendas donde se veía la tubería hoy se aprecia una capa de cemento. En una pared azul de una de las viviendas de esta zona, con letras blancas ya desgastadas por el paso del tiempo, se lee: “Sote kilómetro cero”.
Esa es una de las pocas evidencias que advierte de la presencia de esta infraestructura en la zona. Junto a esa edificación se encuentra la casa de Patricia Tenesaca. Compró la propiedad hace tres años, pero quien le vendió el inmueble jamás le advirtió del problema.
Un mes después de adquirir la vivienda se percató de una flecha pintada en una de las paredes de la casa que señalaba la ruta de la tubería. El inmueble es de un piso y Tenesaca tenía la expectativa de ampliarlo, pero en el Municipio no le autorizaron.
Desde el patio de su casa se puede ver uno de los seis tanques de almacenamiento de petróleo. Es tan alto como un edificio de cuatro pisos y el área que ocupa es del tamaño de una cancha de fútbol.
Estas ocupaciones ocurrieron en administraciones anteriores. Durante el ‘boom’ petrolero no hubo una planificación urbana y los asentamientos irregulares se hicieron una práctica común en Nueva Loja. Iniciar el desalojo traía costos políticos que nadie estaba dispuesto a pagar.
Para el alcalde de Nueva Loja, Vinicio Vega, administraciones anteriores legalizaron el barrio porque Petroecuador no dispone de escrituras de estos terrenos. “No hay registros de que Petroecuador sea el dueño de esos terrenos, pese a que ya han pasado más de cuatro décadas de operación del Sote”., manifestó.
El mes pasado el oleoducto cumplió 45 años de funcionamiento. En el evento de celebración y consultado sobre el tema, el gerente de Transporte de Petroecuador, Marcelo Proaño, dijo que el origen del problema es que no se ha respetado el derecho de vía.
“El Sote fue construido entre 1970 y 1972, es decir, el tubo estuvo antes que esas familias”. No obstante, reconoció que es un problema que debe ser atendido y que hay hogares que
deben ser reubicados.
Aseguró que hay un proceso en marcha para que la gente salga de la zona, aunque prefirió no dar fechas de cuándo terminaría. Además, indicó que hay un presupuesto para concretar el tema, pero tampoco dio datos. “La falta de respeto al derecho de vía es un problema que se repite en todos los oleoductos y poliductos de Petroecuador”.
Pero la reubicación aún parece lejana para estas familias.
Hace cuatro años, personal de Petroecuador llegó al barrio, habló de indemnizaciones y de un plan de reubicación, pero no volvió.
“Vienen, nos dicen que van a hablar con las autoridades para trasladarnos, pero no se concreta”, dice con pesar Lilia Melendres. El oleoducto atraviesa uno de los cuartos de su vivienda de tres pisos. Está dispuesta a salir del barrio siempre que las autoridades le paguen “lo que ha invertido” en su propiedad.