A través del Ministerio de Defensa, la administración anterior adquirió el Legacy 600 y el Falcon 7X. Foto: Archivo EL COMERCIO
El expresidente Rafael Correa y otros 14 funcionarios fueron relacionados al mal uso de los aviones presidenciales. La Contraloría, en su informe final y con indicios de responsabilidad penal, ratificó que se desvirtuó la naturaleza del Embraer Legacy 600 y el Falcon 7X, los cuales fueron definidos como aeronaves presidenciales.
El órgano de control estableció que entre enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017 se realizaron 261 vuelos al exterior y de estos 214 se efectuaron en ambas naves. De esta última cantidad, apenas el 29,4% corresponde a viajes del exmandatario.
La Contraloría envió una lista a la fiscal (e), Ruth Palacios, el pasado 8 de marzo, con nombres de los involucrados. Ahí constan cuatro funcionarios que laboraban en la secretaría y subsecretaría del despacho presidencial del anterior régimen.
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El recorrido de los dos aviones presidenciales equivale a 71 vueltas al planeta:
Así también otras ocho personas, que formaban parte de la tripulación de ambas aeronaves en el período analizado. Además, dos exjefes de la Secretaría de Protección Presidencial (SPP).
Ahora será la Fiscalía del Estado la que determine si se abre una indagación previa y deberá determinar el tipo de delito a investigar.
Entre las observaciones está que los vuelos analizados no contaron con los registros de los pesos exactos de carga y equipaje de cada viaje.
No se evidenciaron los manifiestos de pasajeros de varias de las rutas que fueron parte de los desplazamientos; entre ellos, a países considerados paraísos fiscales.
Por esta última razón, los auditores no pudieron determinar la identidad y los cargos públicos de las personas que se embarcaron; como el objetivo de los periplos.
Correa, a través de su procurador judicial, dijo que no le corresponde responder por el destino de cada vuelo y responsabilizó al Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE) y a la Subsecretaría de Despacho Presidencial. Adjuntó 32 decretos en los que declara en comisión de servicios a sus comitivas. Pero de estos 32 en nueve no se fijó el objetivo de viaje, ni autorización; ni había manifiesto de pasajeros.
