Proveedores han aceptado solo 47,3 millones en papeles
Unos 200 proveedores protestaron el viernes pasado, en la Plataforma en Quito, por la falta de pago del Estado
La propuesta del Gobierno de pagar sus deudas a proveedores usando papeles para que los negocien en la bolsa ha tenido una lenta acogida.
La aceptación de los papeles es voluntaria. El Gobierno preveía emitir hasta USD 500 millones para saldar deudas con acreedores. Pero desde el 21 de julio -cuando el Ministerio de Finanzas presentó la propuesta- hasta el 21 de agosto, solo ha emitido 47,3 millones para proveedores, el 9,5% de lo inicialmente previsto.
Los proveedores pueden esperar el vencimiento de estos papeles para cobrar el capital.
Según el Ministerio de Finanzas, a los proveedores que aceptan la propuesta se les entrega un portafolio de papeles que se compone de un 10% en certificados de tesorería (Cetes), que son papeles que vencen en menos de un año.
Otro 30% del valor adeudado se paga en bonos del Estado con vencimiento a tres años; 40% de bonos con vencimiento a cinco años y 20% con vencimiento a siete años.
Otra opción es negociar estos papeles en la bolsa, pero eso significa recibir menos capital debido al castigo que existe para estas obligaciones.
Con alta oferta de estos papeles y poca demanda, los descuentos para venderlos pueden ir, incluso, en aumento, dice Ulises Alvear, titular de la casa de valores Metrovalores.
Él detalla que entre enero y julio, los bonos del Estado se han vendido con un descuento promedio de 8%.
En los primeros meses del año se registraron castigos menores, de 5% en promedio.
Los proveedores deben pagar también una comisión a la casa de valores, que puede ser un 2% del monto. De ahí que el acreedor recibiría en promedio 90% del monto. Es decir, si acepta un papel de USD 10 000 solo conseguirá 9 000 si lo vende.
Los Cetes son papeles con más demanda, añade Alvear, porque tienen vencimientos de más corto plazo y suelen ser comprados por bancos para completar los requerimientos de reservas de liquidez doméstica que exige la Ley.
Un grupo de proveedores, que reúne a unos 200 negocios pequeños y medianos, se resiste a aceptar papeles en pago.
Ellos protestaron el viernes fuera de la Plataforma Financiera; yayer, en la Plaza Grande.
Marco Leguísamo, vocero del grupo, menciona que los pequeños negocios no tienen el músculo financiero para esperar hasta que venzan los papeles. Y, si los transan en el mercado, los descuentos afectan al margen de ganancia que preveían recibir cuando hicieron negocios con el Estado.
Según el vocero, será complicado vender los bonos en bolsa porque por la coyuntura económica, la mayor parte de inversionistas prefiere comprar papeles de corto plazo.
María Belén Pérez, jefa de cobranzas de una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, contó que en mayo el Ministerio de Finanzas ofreció a la firma pagar con papeles y esta aceptó recibir USD 923 000 en bonos a tres, cinco y siete años de plazo.
Pérez no ha podido vender la mayor parte de esos papeles. Ella cuenta que solo ha cedido USD 300 000 en bonos a una empresa privada a la que su negocio le adeudaba dinero. Dijo que hubo un castigo en esa operación. La firma aún tiene USD 605 000 en bonos que no ha podido vender.
“No hay apetito por estos papeles. Hubo algunos interesados, pero si los vendo, recibo un castigo de 9% en el monto o más, y es un problema, porque se esfuma la utilidad que esperaba cuando vendí mis servicios al Estado”, cuenta.
Otro problema es que, al no estar al día en sus obligaciones con la autoridad tributaria, seguridad social y créditos con entes financieros hay proveedores que no pueden vender sus papeles en la bolsa, dice Héctor Dávila, propietario de una firma que provee servicios de limpieza a entes del Estado.
Finanzas señaló que trabajan en definir la viabilidad técnica, económica y jurídica para que se puedan usar estos papeles para pagar deudas tributarias.
No es la primera vez que el Estado usa papeles para pagar sus obligaciones pendientes. Ya se realizaba con jubilados, gobiernos autónomos descentralizados y otros acreedores. El Gobierno tiene un límite de 3% del PIB para hacer uso de esta opción. Entre enero y julio ya se han negociado USD 516 millones en bonos en la bolsa, que resulta más que todo lo transado el 2019.
