Afiliados y empleadores piden cuentas a sus vocales en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tras la polémica generada por la resolución 464.
La norma se refiere, en su primer capítulo, a la “Afiliación obligatoria aplicable a personas sin relación de dependencia”, y que entra en vigencia desde el próximo 1 de abril.
Inicialmente, el propio director de Aseguramiento del IESS, Raúl López, dijo que la afiliación de este grupo era “obligatoria” e incluso habló de multas y sanciones para quienes incumplan.
Siete días después, Fernando Cordero desmintió al funcionario y dijo que la afiliación no era obligatoria, sino voluntaria.
Pero para los gremios la aclaración no ha sido suficiente.
Las federaciones de cámaras de Agricultura, Industrias, Pequeña Industria y Construcción se reunieron este lunes con su vocal ante el Consejo Directivo, Felipe Pezo, para analizar el alcance de la norma.
Tras la cita, las cámaras resolvieron solicitar al vocal que gestione la derogatoria de la normativa.
Víctor Hugo Sicouret, consultor jurídico del gremio de la Construcción, señaló que el pedido se basa en que el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social establece que los trabajadores sin relación de dependencia no tienen que afiliarse obligatoria sino voluntariamente. “No se puede tratar de decir que es voluntario cuando el título de la norma dice que es obligatorio”.
Henry Kronfle, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, dice que preocupa el monto de aporte, del 20,6%. Sobre ello, el IESS señaló que debe tenerse en cuenta que el aporte será sobre la remuneración y no sobre el ingreso total.
Sin embargo, Kronfle cree que no hay una proporcionalidad con los trabajadores con relación de dependencia cuyo aporte es del 9,45% y se complementa con el del patrono (11,15%). “La norma no es clara, no es funcional, no es práctica”.
Tampoco está claro, dice, si los jubilados que hoy trabajan deberán afiliarse y si las personas que están bajo relación de dependencia, pero que tienen ingresos extras por otra actividad, también deberán aportar sobre esos ingresos extras.
El Parlamento Laboral, un gremio que integra a cuatro organizaciones sindicales y de trabajadores, fue más allá y pidió ayer la remoción de los vocales del Consejo Directivo por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Social.
La solicitud fue presentada ante la Superintendencia de Bancos, máximo organismo de control del IESS y que, según el gremio, tendría la capacidad de inhabilitar a los vocales.
Tras la renuncia de Fernando Cordero a la presidencia del Consejo, el pedido afectaría a Pezo y a Paulina Guerrero, vocal de los afiliados.
“La afiliación es un derecho no una obligación”, dijo Fernando Ibarra, presidente del gremio luego de presentar el pedido por trámite regular.
Frente a ello, Guerrero señaló que no todos los gremios han pedido la derogatoria de la norma, sino una aclaración.
“La aclaración ya ha sido remitida a los actores sindicales, indicando los beneficios de la resolución 464, que no han sido socializados”, señaló. También dijo estar abierta a revisar algunos términos que causaron inquietud en ciertos sectores.
“En la resolución está implícito el espíritu de solidaridad, pilar fundamental de la seguridad social, ya que, con el aumento del número de afiliados aportando sobre los ingresos reales y la totalidad del porcentaje requerido, se garantiza por mayor tiempo la sostenibilidad del sistema de pensiones, que a futuro quizá requerirá una mayor cantidad de recursos debido a que en la expectativa de vida se ha incrementado (…)”.
El cobro del 3% de cesantía, como establece la resolución, es otro tema que preocupa a los gremios, pues la Ley de Seguridad Social establece que los trabajadores independientes están exentos de este rubro.
Según Guerrero, esto se hizo al amparo de la Constitución, que fija que todo afiliado goce de todas las prestaciones y contingencias, dentro del principio de igualdad y equidad. “La Constitución tiene supremacía sobre otras leyes, incluida la de seguridad social”.
Este Diario también consultó vía correo a Pezo, pero no hubo respuesta.
Marcha en Riobamba
Organizaciones de afiliados del IESS de Riobamba también se movilizaron ayer. Su objetivo fue pedir la derogatoria inmediata de la resolución 464, sobre la afiliación obligatoria para profesionales sin relación de dependencia. Además, la movilización buscó respaldar el Seguro Social Campesino.
“No nos quiten la salud”, gritaron en quichua cerca de 3 000 manifestantes, socios del Seguro Social Campesino, quienes protestaron por una supuesta pretensión del Gobierno, de transferir los dispensarios médicos de esta organización a la Red Pública de Salud.
El parque Infantil Guayaquil, ubicado en el centro-norte de la urbe, se tiñó de colores. Allí se congregaron los miembros de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Fuassc). Llegaron a las 11:00 con carteles, altavoces y banderas con el logotipo de la organización. Una hora después, empezaron a recorrer la ciudad. A la cabeza estuvo Mesías Usignia, presidente de la Fuassc – Chimborazo.
“No podemos permitir que se estatice el Seguro Social Campesino”, enfatizó Usignia.
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