Después las críticas realizadas ayer sobre el artículo 29 del Reglamento para Abonados-Clientes-Usuarios de Telecomunicaciones y Valor Agregado, las autoridades se pronunciaron la mañana de hoy.
Expertos en telecomunicaciones señalaron ayer que la nueva normativa le permite al Gobierno conocer todos los movimientos que los usuarios realicen en la Internet.
Sin embargo, para las autoridades, “el único objetivo de este artículo es contar con información que permita tanto al ente de control, en materia de Telecomunicaciones, y a las autoridades competentes, en materia de delitos informáticos, acceder a insumos que faciliten realizar investigaciones y evitar el cometimiento de delitos, tales como pornografía infantil, fraudes financieros, estafas electrónicas y otros delitos ejecutados sobre las redes electrónicas o mediante el uso de herramientas tecnológicas, y, en los casos en los que se hayan cometido estos delitos castigar a los responsables”, dijeron en un comunicado Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones.
Calificaron de “desacertados” los comentarios respecto a que el Gobierno tiene ahora facultades legales para vigilar el movimiento de los usuarios en la web.
En el comunicado oficial, los funcionarios aclararon que “la dirección IP es un identificador numérico de un equipo conectado a la red, dicha dirección permite conocer la localización geográfica de un determinado dispositivo (computador, teléfono etc.), pero no informa que persona precisamente está usando dicho dispositivo”.
Y que el Reglamento garantiza el correcto cumplimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, pues el artículo 20 habla sobre el “secreto e inviolabilidad del contenido de las comunicaciones” y la “privacidad en la utilización de los datos personales” por parte del prestador con el que contrate servicios.