Tras los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo, el escenario financiero advertía cambios inmediatos importantes.
En ese proceso, el Gobierno planteó 10 preguntas. La número tres consultaba: “¿Está de acuerdo con prohibir que las instituciones del sector financiero privado…, sus principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero…?
De un total de 11,1 millones de electores, 4,07 millones votaron por el sí y 3,61 millones por el no. Con base a ese pronunciamiento, la Junta Bancaria adoptó el 29 de julio la resolución JB-2011-1973. Ahí dispone, en resumen, que las instituciones financieras y sus principales accionistas deberán, hasta el 12 de julio del 2012, enajenar obligatoriamente “las acciones y participaciones que mantuvieren en compañías o sociedades mercantiles ajenas al sector financiero…”.
Esa normativa se refuerza con el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Esta incluye un capítulo relacionado con las reformas a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Con este contexto jurídico, cambian las reglas de juego para las casas de Valores, las administradoras de Fondos y las aseguradoras que operan en el país. Las primeras reacciones de los actores económicos han estado orientadas a cuestionar la resolución de la Junta Bancaria y el contenido del proyecto de ley.
Además, los representantes de estos tres actores financieros miran con preocupación el nuevo marco legal.
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