1 de August de 2012 00:01

Más días de lactancia y menos horas laborales a domésticas

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Durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada de trabajo de la madre de un lactante durará seis horas, de acuerdo con los requerimientos de la beneficiaria.

Esta fue una de las reformas laborales que se logró luego de la aprobación, con 72 votos a favor, de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales. El artículo 5 de la Ley establece la modificación del 155 del Código de Trabajo, en el que se establecía que el período de lactancia para las madres trabajadoras privadas sea únicamente de nueve meses.

“El tiempo que se otorga debe ser similar al que se les da a las servidoras públicas”, señaló la asambleísta Nívea Vélez, quien planteó la necesidad del cambio.

Por otro lado, Maximina Salazar, titular de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, recibió con alegría otra reforma, que equipara la jornada laboral de las domésticas a la del resto de trabajadores (cinco días y 40 horas semanales). “Es una lucha que se cumple. Nuestra actividad es la misma que la de otra persona. Estaremos a la expectativa de que los patronos cumplan”.

Los empleadores, también han conseguido beneficios con la aprobación de la Ley. El presidente del Legislativo, Fernando Cordero, planteó que se dé plazo perentorio para que todos aquellos patronos que no hayan afiliado a sus empleados lo hagan sin tener que pagar recargos por multas ni recibir sanciones por tal hecho.

La transitoria segunda, en la cual se incluyó la propuesta del presidente de la Asamblea, establece que los empleadores que, en cualquier momento, no hayan asegurado a sus trabajadores (que se hallen o no laborando) tendrán un plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley para hacerlo. Deberán pagar los valores correspondientes a la afiliación más el interés (máximo referencial).

Para Carlos Sánchez, representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios (Conades), esta es una forma para beneficiar al empresariado. Mientras que del otro lado, Ricardo Flor, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, considera que con esto incrementarán las afiliaciones (actualmente, según el IESS, hay 2, 2 millones de asegurados).

Además de los ciudadanos que logren su afiliación, también resultarán beneficiados 1 200 ex trabajadores de las salas de juego de Invermun. A ellos se les debe USD 5 millones por liquidaciones, que serán pagados por el Estado una vez incautados y rematados los bienes.

En el Pleno hubo críticas por el hecho de que ni el Ministerio de Relaciones Laborales ni el IESS hayan controlado la afiliación y el pago de haberes. Por ello es que se ratificó el derecho de repetición contra el ente o funcionario que haya afectado a un ciudadano.

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