El FUT anunció que tiene previsto presentar una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo ministerial 373, el miércoles 8 de enero del 2020. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a través de sus diferentes centrales sindicales, manifestó su preocupación por la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“Salen a decir que el Seguro Social está quebrado. No vamos a aceptar ningún aumento. Primero el Gobierno tiene que pagarnos, debe presentar un plan de pago. También hay que cobrarle a los empresarios morosos”, señaló Ángel Sánchez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), este lunes 6 de enero del 2020.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), recordó algunas de las acciones que desfinanciaron al Seguro Social, como el cambio en las tasas de aportaciones y la eliminación del aporte estatal del 40% al pago de pensiones, por tres años. Ambas decisiones, tomadas en 2015, generaron pérdidas cercanas a los USD 8 900 millones.
De igual manera, la deuda de salud que mantiene el Estado con el IESS y que bordea los USD 3 000 millones, añadió Villavicencio.
El representante sindical también hizo hincapié en atacar la corrupción en la entidad, antes de tomar cualquier otra medidas. “Le exigimos al Gobierno que primero sancione a los responsables de la crisis. Empezando por Correa. No vamos a permitir más impunidad. No vamos a permitir el incremento de aportes, de años de jubilación”.
Para el miércoles 8 de enero, el FUT tiene previsto presentar una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo ministerial 373, que consideran no respeta una sentencia de la Corte Constitucional, del 2 de agosto del 2018, que derogó Enmiendas constitucionales del 2015 en las que se establecía que los trabajadores públicos no serían contratados a través del Código del Trabajo, sino por medio de la Ley Orgánica de Servicio Público, vulnerando derechos como la libertad sindical, la contratación colectiva y la estabilidad laboral.
El acuerdo 373, emitido el pasado 17 de diciembre del 2019, establece las directrices para la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional. El gremio sindical considera que el acuerdo deja “desprotegidos” a los trabajadores que ingresaron a laboral entre finales del 2015 y julio del 2018. “A esa gente es a la que están despidiendo”, alertó el presidente de la Ceosl.
Sobre la reforma al Código del Trabajo, Villavicencio enfatizó que al momento no se ha alcanzado ningún acuerdo con el Gobierno. “Nos oponemos a la flexibilización laboral, siempre nos opondremos al trabajo por hora, eso es precarización”, subrayó. Sin embargo, aclaró que el Frente apoya la propuesta de crear un fondo para la jubilación patronal, pero que el porcentaje de aporte de los empleadores se mantiene en discusión.