El sector sindical del país está dividido, según lo reconocen sus propios representantes.
Esta aseveración la sostienen por dos situaciones: el respaldo que han mostrado al Régimen ciertas organizaciones sindicales históricas y la creación de nuevas agrupaciones, también vinculadas al actual Gobierno .
Entre estas últimas está la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Autónomas del Ecuador (Cuttae), que se creó el 1 de abril del 2011. Según Gustavo Zurita, presidente de la misma, esta tiene 7 500 asociados.
“La vinculación de la Cuttae con el Gobierno no es a través de Alianza País, sino directamente. No necesariamente tenemos que ser afiliados a Alianza País para ser beneficiados. Hemos presentado propuestas, estamos consensuando y llegando a acuerdos”.
Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, están trabajando en la formación de una empresa comunitaria de desarrollo económico. También lograron, con el apoyo del Municipio de Quito, el desarrollo del Programa de Protección Social de los Trabajadores Autónomos de Quito, que les permite acceder a servicios de la seguridad social.
Miembros de organizaciones sindicales no vinculadas al Régimen señalaron que algunos de sus compañeros, viendo estas ofertas, desertaron, debilitando a las organizaciones históricas.
Según información del Ministerio de Relaciones Laborales, en el país existen 3 952 organizaciones laborales. De estas 378 se han creado en los últimos cinco años y 20 se han disuelto.
El mismo ente recuerda que en el artículo 447 del Código de Trabajo se prohíbe a las organizaciones sindicales intervenir en actos de política partidista.
El pasado 1 de mayo, la Confederación de Servidores Públicos (CSP), creada en noviembre del año pasado, celebró el Día del Trabajo y, según dijo ese día la agencia Andes, invitó al Presidente de la República a participar en su manifestación.
Hoover Delgado, vicepresidente de la CSP, señaló que tienen algunos acuerdos que se han dado con el Gobierno y que con ello han conseguido beneficios para los trabajadores ecuatorianos. “Si los acuerdos políticos son necesarios para beneficiar a los trabajadores se harán”.
Con ello coincide Édgar Sarango, presidente de la histórica Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE, que tienen cerca de 60 000 afiliados). “Sería una irresponsabilidad no apoyar a un Gobierno que se ha perfilado con buenas acciones”.
Ellos han firmado convenios de capacitación para los trabajadores en Secap. Sarango consiguió ser registrado como presidente de la CTE por el MRL, tras una pugna con Santiago Yagual, directivo del ente hasta marzo.
El dirigente señaló, además, que están trabajando en procesos para reintegrar a ex trabajadores públicos que no debieron ser despedidos. Esto en referencia a quienes fueron desvinculados desde octubre del 2011.
Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, dijo que solo se protege a los trabajadores que apoyan a estas centrales. Con ello coincide Pablo Serrano, de la Ceosl, quien sostiene que el Gobierno tiene otros métodos para debilitar al sector como las demoras en los procesos para los registros de nuevas organizaciones sindicales. La Ley determina 30 días, pero “ no se cumple”.