Los trabajadores separados de sus puestos en la Gobernación de Loja quieren hacer un reclamo masivo por la forma en que fueron separados de sus cargos: con resguardo policial y sin entregar resultados de las evaluaciones de personal.
112 funcionarios que tenían nombramiento salieron de la Gobernación, quedando apenas cinco trabajadores con contrato.
El lunes pasado, seis funcionarios despedidos llegaron al despacho del abogado Ángel Torres. Ellos laboraban en la Dirección Provincial de Salud y quieren ser parte del reclamo masivo.
Aún no han presentado su acción de protección porque están definiendo las estrategias, adelantó Marcia García, una de las afectadas de la Gobernación de Loja. Los trabajadores demandan una explicación del porqué fueron cesados en sus funciones, pese a que algunos tenían bonos por eficiencia por su desempeño.
Ese es el caso de Paola García, quien laboraba como asistente en calidad de servidor público 1, en la Comisaría de la Mujer y la Familia por 12 años. Tenía un bono de USD 19 que le pagaba el Gobierno por eficiencia.
García es jefa de hogar y tiene tres hijos menores de edad. Actualmente, vive con sus padres y percibe una pensión por un juicio de alimentos. Sin embargo, señala que no le alcanza porque con su pensión ayudaba en los gastos diarios de sus progenitores.
Nora Velásquez, quien laboró por 20 años en la Gobernación, también recibía el bono por eficiencia, por lo que no entiende las razones de su destitución.
Ella es jefa de hogar y mantiene a sus dos hijos, a su madre y también a su bisabuela. Dice que no hará uso de la liquidación que le depositaron porque quiere ser restituida en el cargo.
Los afectados no descartan presentar una demanda por daño moral ante las versiones de la Gobernadora, quien justificó los despidos por supuesta ineficiencia y denuncias de corrupción.
Mientras tanto, Alicia Jaramillo, gobernadora de Loja, indicó que el ánimo es brindar un servicio eficiente. Por eso se está reestructurando toda la función de la Gobernación en sus áreas: intendencia, comisarías, pasaportes…
Según Jaramillo, el cambio de personal apunta a tener un servicio eficiente para la ciudadanía. De hecho, dijo que no se ha dejado de laborar porque funcionarios de otras entidades están en comisión de servicios como apoyo. En las jefaturas políticas de las parroquias y cantones se laboran con secretarios ad-hoc (eventuales). Es decir, ellos firman los documentos cuando así se lo necesite, explicó Jaramillo.
Sobre las evaluaciones a los trabajadores despedidos, la Gobernadora dijo que la transformación del sector público fue conocida a nivel de ministerios y que las evaluaciones fueron permanentes. Aunque evadió su responsabilidad sobre este proceso, ratificó que fueron denuncias verbales contra los funcionarios. Dijo tener el respaldo de 400 firmas de la parroquia Nueva Fátima del cantón Sozoranga y que los ciudadanos apoyan el cambio.
A entregar los equipos
La Gobernadora de Loja pidió públicamente que los funcionarios desvinculados se acerquen a entregar los equipos y documentos que estuvieron a su cargo. Añadió que no existe resguardo policial y que pueden ingresar sin problemas. Sin embargo, la presencia de los uniformados es permanente.
De los 112 servidores de la Gobernación que fueron despedidos de sus cargos, 19 son madres y jefas de hogar, dos tienen capacidades especiales y dos padres de familia tienen hijos con algún tipo de discapacidad.
En la Dirección Provincial del MTOP, 13 personas fueron destituidas de sus cargos el pasado 28 de octubre.