Durante 17 días, desde el próximo lunes, ex trabajadores de Holcim (antes Cemento Nacional) emprenderán una marcha motorizada desde Guayaquil a Quito.
Esa será una forma de protestar en contra de un presunto proyecto que pretendería reformar o derogar la Ley 19, para la Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria Cementera.
Así lo dio a conocer ayer Iván Villavicencio, asesor jurídico de la asamblea general permanente de ex trabajadores de esta empresa cementera.
La Ley vigente determina que quienes se acojan al derecho de jubilación especial gozarán de una pensión mensual equivalente al 100% del último sueldo o salario que hubiera percibido. Adicionalmente, recibirán dos centavos del precio fuera de fábrica (venta) de cada kilo de cemento.
Esta última disposición, vigente desde 1989, no se ha cumplido, según Villavicencio.
Al menos, en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no constan los depósitos equivalentes a esos años, según información extraoficial que recibió la asambleísta Scheznarda Fernández.
Ella preside la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional, y como tal emprendió una investigación sobre el caso.
“La ciudadanía en general ha pagado esos dos centavos por cada saco de cemento para beneficio de los jubilados, que no les llega. Ese fondo no lo pone la empresa, sino nosotros”, expresó.
En un mes, Fernández espera tener los elementos necesarios para darle trámite al primer debate de la propuesta de reforma a la Ley de Jubilación Especial de Trabajadores Cementeros.
Para ello, citará a comparecer a los principales ejecutivos de Holcim. El proyecto fue presentado por el asambleísta Henry Cuji y en él se prevé incrementar a 20 centavos de dólar el precio ex fábrica por tonelada de cemento.
Esos valores, excluyendo la proporción correspondiente al IVA, servirán para financiar el beneficio de jubilación especial que se establece en esta ley.
Villavicencio, junto a Luis León, vocal; y Enrique Sánchez, secretario de la Asamblea, rechazaron esa propuesta porque el pago sería a partir de una tonelada, en lugar de cada kilo.