A las 08:00 de ayer, sin previo aviso, arrancó la segunda oleada de desvinculación de personal en las entidades del sector público.
La medida responde a un proceso de reestructuración del Estado, que el Gobierno puso en marcha desde el 2011.Para ello emitió el Decreto Ejecutivo 813, que establece la polémica compra de renuncias con indemnización.
La normativa entró en vigencia el 12 de julio del 2011 y se aplicó a fines de octubre, cuando se despidieron a 2 700 empleados. La proyección al terminar el año era desvincular a 4 700 trabajadores al finalizar el año (incluía a quienes se acogieran a la jubilación)”.
La cifra estimada para este año alcanza las 3000 personas. Este Diario buscó el dato oficial sobre el número de trabajadores que salió ayer. Hasta el cierre de esta edición, desde el Ministerio de Relaciones Laborales se informó que todavía no se generaba información sobre el tema.
Según Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), ayer salieron 1 300 y se prevé que hasta el 27 de enero sean más.
“Estamos totalmente indignados. Hoy (ayer) no vamos a tomar acciones. Para el lunes realizaremos algo formal. Tenemos previsto orientar a los compañeros que salieron en aspectos legales”.
La compra de renuncias se aplicó en los Ministerios de Ambiente, de Cultura y de Vivienda, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Banco Central, la Aduana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), etc.
En esta última institución se desvincularon a 168 empleados. Allí, según una fuente que prefirió guardar la reserva, el proceso inició a las 10:00 y fue tranquilo.
“Llegó el personal del Ministerio de Relaciones Laborales acompañado de policías vestidos de civil. La mayoría de los empleados que salió era gente que había
trabajado entre 15 y 25 años. No todos salieron por compra de renuncia obligatoria, sino que algunos fueron voluntarios.”
Los empleados que no esperaban esta situación se fueron en medio de la tristeza. “¿Qué podemos hacer frente a esto? Nada de nada. Nos echan a la calle como si fuéramos muebles viejos”, dijo ayer una de las siete empleadas que salieron del INEC de Ambato. Allí la notificación empezó apenas ingresaron a laborar.
Un ambiente similar se vivió en las oficinas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de donde salieron 105 personas, de los 10 distritos de todo el país.
Entre ellas está Andrea A., quien laboraba en las dependencias de Guayaquil. La ex funcionaria contó que a primera hora de la mañana le llamaron del departamento de Recursos Humanos. Allí, junto con otros compañeros, recibió la noticia del despido.
“Todo fue pacífico”, comentó la ex funcionaria. Algunos de los trabajadores despedidos se quedaron hasta las 17:00, hora de salida de la Senae. Allí, en medio de abrazos, se despidieron de quienes fueron sus compañeros.
Los empleados que se quedaron en sus puestos de trabajo prefirieron no dar declaraciones. Lo único que comentaron es que se produjeron los despidos ayer, pero que no estaban autorizados por la entidad para hablar del tema.
Cristian Ayora, subdirector de gestión institucional de la entidad, señaló que un equipo interinstitucional determinó quiénes saldrían. Ellos tomaron en cuenta antecedentes, actitudes, etc.
“El dinero para las indemnizaciones, que es 2 290 000, se pagará hoy mismo”, señaló . Para el proceso de desvinculación del 2012, según el Régimen, el presupuesto es de USD 154 millones.
A los sindicatos les molesta que la medida se siga aplicando cuando hay tres demandas en la Corte Constitucional contra el Decreto 813. “ Estamos esperando lo que decida la CC, que quedó en notificarnos al casillero judicial. Pero estamos seguros que la entidad le dará la razón al Gobierno. ”