El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se priorizará el combate contra la minería ilegal en nueve provincias. Estas son Napo, Orellana, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Azuay, Sucumbíos, Imbabura, Loja y Morona Santiago.
Zapata detalló que, si bien la minería ilegal se practica en 21 provincias, nueve son las de mayor afectación. Los operativos se iniciaron en Orellana y Napo con 1 000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Estas declaraciones sobre las acciones contra la minería ilegal se hicieron durante una sesión del lunes 8 de mayo del 2023.
Combate contra la minería ilegal
Zapata se reunió con los miembros de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi) para evaluar los resultados del operativo Manatí III contra de la minería ilegal. Este control se efectuó la semana pasada en Napo y Orellana.
El Ministro dijo que se cumplirá con el artículo 57 de la Ley de Minería que permite la destrucción de la maquinaria utilizada para este delito.
Esta actividad ilícita es considerada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado como una amenaza para la seguridad integral de la nación. “Lo que nos permita la ley lo ejerceremos con fuerza y contundencia”.
En un comunicado se dijo: “Hasta el final del año, las nueve provincias más conflictivas -Napo, Orellana, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Azuay, Sucumbíos, Imbabura, Loja y Morona Santiago- se habrán intervenido”.
Las autoridades enviaron un mensaje al crimen organizado que utiliza a grupos de delincuencia organizada. Deben conocer que la fuerza del Estado se concretará con la destrucción de maquinaria, detenciones, decomiso de armas, combustible, entre otros. Zapata señaló que los bosques protegidos serán intervenidos, como parte de una planificación.
Si la gente insiste en volver a practicar la minería ilegal, el Estado regresará con mayor contundencia, porque se protegerá y precautelará el ambiente, la naturaleza y la seguridad ciudadana.
La maquinaria se destruyó
En cambio, el comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, señaló que este último operativo obedece a una planificación que se llevó a cabo primero con Manatí I.
De esa zona se retiraron cerca de 145 máquinas retroexcavadoras, se decomisó un helicóptero y Manatí III terminó con la destrucción de 38 máquinas.
Según las investigaciones de Fiscalía, dijo Salinas, en estos actos ilícitos estarían involucrados funcionarios y uno de ellos es de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La Policía y Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto para afrontar este ilícito. Además, se realizará el control en la venta de retroexcavadoras. Para ello, ya hay un plan para investigar delitos vinculados con la minería ilegal.
Agustín Proaño, jefe de Estado Mayor operacional del Comando Conjunto de las FF.AA., informó de las 38 maquinarias destruidas y otras tres quedaron inutilizadas.
En el operativo participaron 570 miembros de la institución y se usaron medios aéreos y terrestres. “Se aplica la ley de manera apropiada para evitar el cometimiento de estos actos ilícitos”, declaró Proaño.
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