El aumento de la informalidad en la ciudad mostró la fuerza con que golpeó la pandemia en el 2020. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El año que empieza seguirá marcado por los efectos de la pandemia, pero también por la vacunación masiva, que abrirá la puerta para la ansiada recuperación económica, la cual debiera ser más equitativa y menos desigual.
Ambos conceptos –equidad e igualdad- suelen manejarse como sinónimos porque están relacionados con la justicia social, la cual es un reclamo frecuente en la gran mayoría de países de América Latina, la región más desigual del planeta.
Las protestas sociales que se registraron en buena parte de la región a partir del 2019 y que continuaron el año pasado tenían como argumento la lucha contra las desigualdades sociales y la falta de oportunidades para acceder, por ejemplo, a la educación o a salud.
En América Latina y el Caribe, donde 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía -el doble de la media del mundo industrializado-, la llegada de la pandemia exacerbó aún más las ya marcadas diferencias, señaló el mes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tras casi un año de la propagación del coronavirus en China y el mundo, quienes han cargado con el mayor peso de la crisis han sido las personas con ingresos más bajos, las mujeres y quienes trabajan en la informalidad.
Por eso, la mayoría de organizaciones internacionales han hecho un llamado para que los efectos de la crisis se distribuyan de una forma más equitativa. Y, cuando llegue la hora de la reactivación económica, los beneficios de ella también se distribuyan bajo parámetros de igualdad y equidad.
A la hora de planificar cómo será esa reactivación de las economías, es importante tener claro que la igualdad no es lo mismo que la equidad.
La primera se basa en repartir en partes iguales un bien, recurso o servicio, mientras que la equidad incorpora un concepto de justicia, para que ese reparto se haga en función de los méritos de una persona.
Un país dominado por la pobreza puede ser muy igualitario, en el sentido de que todos sus habitantes son pobres.
La igualdad implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Tener los mismos derechos ante la ley, que es uno de los principios de los derechos humanos, es un ejemplo de igualdad, ya que no existe ninguna discriminación entre personas, sean hombres, mujeres, negros, blancos, etc.
Pero el hecho de que haya desigualdad no implica necesariamente injusticia. Por ejemplo, hay equidad cuando una persona que trabaja más que otra recibe un salario mayor. O cuando se aplican políticas públicas para compensar a las personas que menos tienen o a quienes han sido discriminados históricamente.
En este sentido, la equidad introduce un principio de justicia a la igualdad. “No obstante, no puede existir una perspectiva de equidad si antes no instalamos la idea de la igualdad”, señala el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón.
Para actuar en ambas dimensiones es necesario medirlas. El Índice de Gini ha sido ampliamente utilizado para medir la desigualdad y, pese a eso, es insuficiente porque solo muestra la diferencia de ingresos, sin considerar la desigualdad de acceso a servicios como la salud, la educación, el transporte o la seguridad.
Sobre la medición de la inequidad hay pocos estudios, ya que aún se la considera un sinónimo de desigualdad.
De todas formas, no se debiera prescindir de ninguna de ellas a la hora de definir las políticas que marcarán la reactivación económica del 2021.
La pandemia no solo acabó con más de 1,8 millones de vidas en el 2020. También significó el regreso a la pobreza de alrededor de 100 millones de personas, lo cual es un alto riesgo para la salud pública en el mediano y largo plazo.
Para evitar que la próxima pandemia de la humanidad tenga su origen en la desigualdad y la inequidad, es urgente que el crecimiento económico esté acompañado de políticas de inclusión y reducción de las actuales brechas sociales.