El contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que en el informe del examen especial a la deuda se determinó indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO
El informe del examen especial a la deuda contratada entre 2012 y 2017, presentado este lunes 9 de abril del 2018, determinó indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa, exministros de Finanzas que ocuparon el cargo durante el período, subsecretarios de financiamiento, directores de financiamiento y coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas.
Pablo Celi, contralor subrogante, señaló que hay indicios de responsabilidad penal contra Correa por la implementación del Decreto Ejecutivo 1218 que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el límite de la deuda no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero el Decreto 1218, emitido el 20 de octubre del 2016, reformó el reglamento de esa norma para cambiar el cálculo de ese límite. Específicamente estableció que en la fórmula no se incluya los créditos del Estado con otras entidades públicas.
El resultado fue que el endeudamiento se redujo del 38 al 27,4% al cierre del 2016 con relación al PIB. La modificación hizo posible que el país pueda generar más operaciones de endeudamiento.
Este lunes 9 de abril, tras la revelación del examen de auditoría a la deuda en el régimen anterior, Rafael Correa reaccionó en redes sociales: “¡Imagínense! Responsabilidad “penal” por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI”.
La versión final del examen especial a la deuda pública ratificó el informe borrador que se presentó el 13 de marzo pasado. Incluyó la contrastación de los descargos presentados por los auditados sobre cómo se manejó la contratación de la deuda pública entre el 2012 y mayo del 2017.
Eduardo Valencia, uno de los integrantes de la veeduría ciudadana -que acompañó el proceso-, mencionó en ese entonces que tras concluir el plazo para que los auditados presenten sus descargos, se cotejó la información con las normas técnicas y así concluyó este examen especial, tras ocho meses de trabajo.
Uno de los puntos claves del documento son los cambios a las normativas. En la lectura del informe borrador, efectuada el 13 de marzo, el organismo de control advirtió que se modificaron o emitieron siete instrumentos legales (entre decretos, normas y convenios) que permitieron un manejo discrecional de la deuda pública.
Esos instrumentos modificaron el uso de recursos por endeudamiento, el techo de la deuda pública, declararon como reservadas las operaciones de financiamiento, omitieron las preventas de crudo para los cálculos del techo legal de endeudamiento y autorizaron a una empresa petrolera pública a buscar liquidez para el Fisco.
