16 de August de 2012 00:01

Los ahorros en Makita Kuk pasaban del millón de dólares

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La cooperativa de ahorros y créditos Makita Kuk tenía 17 880 socios registrados cuando cerró, según anunció ayer el fiscal de Asuntos Indígenas del Guayas, Pedro Chango.

La cifra dista a la proporcionada por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que en boletín del martes pasado citó que hay 526 socios.

En la investigación que sigue la Fiscalía se detectó que la organización administraba USD 1,18 millones en ahorros, inferior a la cifra otorgada en créditos, que llegaba a USD 1, 23 millones.

Solo con esos datos se evidencia la falta de equilibrio entre el dinero que ingresó y el que salió hacia sus socios, dijo Chango. La hipótesis es que la cooperativa daba créditos sin el respaldo económico. Por eso, ante el retiro de ahorro por parte de sus socios, colapsó.

El funcionario destacó que este caso será investigado bajo la Ley Indígena, que no contempla una sanción coercitiva sino la obligación de comparecer ante la Justicia y devolver el dinero. “No estamos hablando de una quiebra. Podemos recuperar y devolver (el dinero)”, destacó.

María M. y Lorenzo Ch., presidenta y gerente/representante legal de la cooperativa, respectivamente, fueron demandados por el MIES. También se solicitó su prohibición de salida del país, al igual que a Julián G., presidente del Consejo de Vigilancia; y a la secretaria María M.

El MIES aún controla a las pequeñas cooperativas, pero están en proceso de transición, para que la tarea sea sumida por la nueva Superintendencia de Economía Solidaria.

El número de denuncias es escaso en comparación con la cantidad de socios registrados. Hasta la mañana de ayer había 60.

La Fiscalía Indígena fue asignada porque la mayoría de perjudicados son originarios de la Sierra, explicó Chango. Pero se atenderá a mestizos por igual, aclaró.

Jorge Valla, quien esperaba su turno para presentar su denuncia, comentó que sus compañeros también irán a presentar sus escritos, pero tienen que turnarse para no dejar abandonados sus lugares de trabajo.

Chango cree que muchos no se han acercado “porque aún confían en la cooperativa y esperan que restablezca sus labores”.

Pedro Mayanza, comerciante del mercado Pedro Pablo Gómez, manifestó que cuando le regresen su dinero lo invertirá en cualquier negocio. “Ya después decidiré en qué cooperativa o banco confiar”, manifestó.

El siguiente paso del fiscal será lograr que la cooperativa abra sus puertas y que los funcionarios “den la cara” por el cierre de la entidad. Con la intervención del MIES, Chango espera que el caso esté resuelto en los próximos días. Las denuncias seguirán receptándose en el quinto piso del edificio Félix de la Fiscalía, en Pedro Carbo y Aguirre, centro.

A la par, la interventora Cecilia Castro, designada por la Dirección de Cooperativas, investigará el caso. Tiene experiencia en la liquidación de cooperativas.

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