31 de July de 2012 00:05

800 decodificadores y antenas fueron retirados

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el último trimestre, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Policía Judicial se incautaron de 800 antenas y decodificadores ‘piratas’ que captaban la señal de televisión de proveedores legalmente establecidos o de satélites.

Fueron operativos realizados a escala nacional, en ciudades como Portoviejo, Cuenca, Guayaquil y Quito. Se decomisaron a los distribuidores, según el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo.

El objetivo, dijo, es disminuir la comercialización de estos equipos. Durante el año pasado, ingresaron 25 000 decodificadores y antenas al país, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, “pero no se sabe cuántos se venden de forma legal”.

El funcionario recordó que el consumidor debe entender que “vender o comprar un decodificador pirata es tan grave como tener un vehículo robado”. La razón es que al no estar autorizado por el Estado, se violentan disposiciones legales, señaladas en los artículos 99 y 325 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Además, con su comercialización no se recaudan impuestos por lo que incurre en delitos tributarios, añadió. A los infractores se les juzgará en base a las leyes de Propiedad Intelectual y de Régimen Tributario.

Los operativos continuarán en los locales de ventas de estos equipos en los próximos días y, posteriormente, se informará cuándo se iniciarán los controles en los domicilios en todo el país.

La Superintendencia de Telecomunicaciones y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) remitieron una comunicación al Servicio Nacional de Aduanas y a la Fiscalía General del Estado para coordinar las acciones para prevenir y detener la realización de importaciones de estos equipos y del cometimiento de estas prácticas.

Jaramillo también se refirió al artículo 29 del Reglamento para Abonados-Clientes-Usuarios de Telecomunicaciones y Valor Agregado. Esta resolución busca que los proveedores de Internet entreguen las direcciones IP de sus usuarios si la Superintendencia lo solicita.

Para Jaramillo, esa disposición no busca violar la privacidad, sino obtener información inmediata en caso de una investigación puntual. “Esto no violará el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (1)