Los trabajadores de la Función Judicial piden mejoras en sus remuneraciones. Ayer, delegados de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), reunidos en Quito, exigieron que se cumpla la homologación salarial.
Los sueldos de este sector están divididos en 15 escalas. En la primera se encuentran los asistentes administrativos, ayudantes, técnicos y analistas, quienes ganan USD 800 al mes.En la escala 15 están los presidentes y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). También el presidente y los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con USD 4 950 mensuales.
El último 2 de junio, el CJ aumentó este sueldo a USD 5 940, lo cual generó críticas de los 4 500 judiciales de todo el país.
Incluso el ministro de Relaciones Laborales (e), Hugo Arias, remitió el lunes un comunicado al presidente del CJ, Oswaldo Cevallos, especificando los parámetros que se debía tomar en cuenta para el ajuste salarial.
En ese documento señaló que para los aumentos se requiere medir aspectos como: talento humano, funciones, profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.
Por ello, pidió que el CJ remita un informe técnico del alza.
Ayer, Cevallos ratificó que el aumento inicial fijado para los jueces y vocales de la Judicatura está suspendido. Y reconoció que esta decisión fue apresurada. Por eso, anunció que se realizarán gestiones en el Ministerio de Finanzas para que la homologación salarial se fije para todos los trabajadores.
El pedido para aumentar los ingresos nació del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya. En el oficio remitido al CJ el 18 de marzo, el funcionario incluso pidió que se pague una reliquidación de los sueldos desde el 2007.
En ese año, el presidente Rafael Correa firmó el Mandato 2 y redujo los sueldos de los funcionarios públicos al nivel del Presidente de la República, que en ese entonces era de USD 4 000.
El director de la Judicatura, Gustavo Donoso, dijo que en ese año había judiciales que ganaban hasta USD 8 000 y la reducción fue del 50%. Los judiciales dijeron que los sueldos están congelados ocho años.