29 de septiembre de 2020 20:13

Municipio de Guayaquil gana demanda constitucional sobre devolución del IVA

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cuestionó que el Ministerio de Salud Pública no tome muestras para detectar contagios por covid-19, en la zona de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Foto: Twitter Cynthia Viteri

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que un juez aceptó nuevo pedido del Municipio y ordenó, que en 72 horas, el Ministerio de Economía y Finanzas pague a la Ciudad los $30 millones. Foto: Twitter Cynthia Viteri

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Redacción Guayaquil

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El Municipio de Guayaquil volvió a ganar una demanda constitucional de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) planteada contra el Estado que adeuda a la ciudad desde septiembre del 2019 hasta abril 2020. Así lo anunció la tarde de este martes 29 de septiembre de 2020 la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

“Con base a nuestra demanda constitucional, un juez aceptó un nuevo pedido del Municipio de Guayaquil y ordenó que, en 72 horas, el Ministerio de Economía y Finanzas pague a la ciudad USD 30 millones (adeudados)”, informó en su cuenta de Twitter la alcaldesa.

Viteri resaltó la importancia de la resolución judicial que ordena devolver, incluso, un valor correspondiente al IVA del 2014 y dispone que el Ministerio no vuelva a repetir está vulneración de derechos. “Significa que judicialmente están obligados a cumplir permanentemente con dicho pago”, apuntó Viteri.


El pasado 24 de enero el juez José Miguel Ordoñez acogió una primera acción de protección y resolvió que el Ministerio de Finanzas pagara al Municipio de Guayaquil 104 millones por concepto de IVA pendientes desde junio del 2017 a septiembre del 2019.

El procurador Síndico Municipal, Cristian Castelblanco, informó que tras la acción planteada a principios de año el Ministerio de Economía y Finanzas pagó el acumulado de USD 104 millones. “Sucedió que el Ministerio de Economía volvió a retrasarse en un monto que en la actualidad suma USD 30 millones”, dijo el Procurador.

El Cabildo presentó ante el mismo juez un alegato en reclamo por el cometimiento de la misma ilegalidad, explicó Castelblanco, “en base a una teoría legal que establece que cuando un organismo es condenado no puede volver a cometer la misma vulneración de derechos”.

Este Diario solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta las 20:00 no hubo una respuesta. La sentencia de enero pasado había sido calificada como "muy política" y "un grave riesgo" para el estado de derecho por la jurisprudencia que sentaba, según la coordinación Jurídica del Ministerio de Finanzas.

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