El Gobierno de Donald Trump incorporó una nueva medida a su política migratoria para quitar la ciudadanía estadounidense a migrantes que cometieron delitos graves. Foto: EFE
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo oficial este jueves 27 de febrero del 2020 la creación de la Sección de Desnaturalización de la División Civil en la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ). La incorporación de la nueva dependencia busca establecer una política migratoria que le permitirá al Gobierno quitar la ciudadanía estadounidense a migrantes que incurrieron en delitos graves.
De acuerdo con la información publicada por la cadena informativa Fox News, la medida será aplicada a exconvictos sentenciados por terrorismo, violencia sexual, crímenes de guerra o estafas.
La nueva oficina de la DOJ tendrá la tarea de revisar los formularios N-400 (solicitud de naturalización) –reporta Fox News– dentro del proceso para obtener la nacionalidad estadounidense. Después, se deberá establecer en qué casos un migrante falseó la actividades criminales en las que pudo haber estado involucrado.
De acuerdo con el informe, si se logra demostrar que la ciudadanía estadounidense fue obtenida con “en encubrimiento de un hecho material o la tergiversación internacional, el Gobierno estará facultado para revocarla“, reza un comunicado oficial de la DOJ.
Varias de las preguntas del formulario N-400 cuestionan, además, si la persona solicitante estuvo inmersa en crímenes de genocidio y tortura o, en su defecto, si fue parte de una organización terrorista o totalitaria. Asimismo, indagan en el pasado del migrante para determinar si estuvo asociado al Gobierno nazi en Alemania.
Sobre la nueva medida, Jody Hunt, asistente del fiscal general de Estados Unidos, dijo que cuando “terrorista o agresor sexual se transforma en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones, eso es una afrenta en nuestro sistema”.
De acuerdo con Hunt, el DOJ ha detectado un crecimiento en la cantidad de ‘mentiras’ y fraudes que la entidad recibe una solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense. Según él, debido a la Operación Segundo Vistazo, que nació en la administración de Barack Obama. Se trató de una medida migratoria que buscaba retirar la ciudadanía a aquellos migrantes que fueron naturalizados pese a tener órdenes de deportación o antecedentes criminales, o mediante procesos fraudulentos.
El Gobierno de Trump ha potenciado la Operación Segundo Vistazo identificando a cientos de personas migrantes cuyas huellas dactilares no fueron ingresadas al sistema centralizado de la DOJ. De manera que, antes, dice Hunt, varios exconvictos pudieron haber robado la identidad de otra persona para conseguir la nacionalidad.
La creación de la oficina es una nueva medida de la administración de Trump que se suma a otras ya anunciadas por el Gobierno. El lunes 24 de febrero, por ejemplo, entró en vigencia la regla de la carga pública, una política cuestionada a través de la cual Estados Unidos puede negar la residencia permanente -conocida como ‘Green Card’- a los inmigrantes beneficiados por ciertas instituciones públicas.