La presidenta de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se negó hoy, jueves 4 de agosto de 2016, a declarar ante el juez y acudió a la Plaza de Mayo, donde fue respaldad por cientos de argentinos en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE
La Justicia argentina ordenó el jueves 4 de agosto del 2016 detener a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por negarse a declarar en una causa en la que está imputada por supuestas irregularidades en el manejo de fondos para construir viviendas sociales.
“Si nos quieren poner presas, que nos pongan”, dijo la activista, de 87 años, reconocida mundialmente por su lucha por la aparición con vida de los desaparecidos en la última dictadura militar (1976-1983).
La líder de la organización de derechos humanos realizó las declaraciones tras la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide del paseo ubicado frente a la Casa de Gobierno, como lo realizan cada jueves desde 1977, que hoy se llevó a cabo pese a la medida judicial.
La orden de detención fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, informaron fuentes judiciales.
Bonafini aseguró que enfrentará “a esta Justicia corrupta” y que no le tiene “miedo a estos hijos de mil …”. “No sé qué va a pasar ni hasta dónde son capaces de ir, pero con el mismo valor y seguridad de que el único camino es el proyecto nacional y popular que conduce (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner (2007-2015)) vamos a enfrentar” la investigación judicial, dijo Bonafini.
Además cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri (centroderecha) al señalar que “lo que estos no saben, y menos” la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que “nos podrán poner presas, pero nunca podrán poner presas las ganas de pelear”.
El magistrado dictó la detención luego de que Bonafini se negó hoy por segunda vez a presentarse a una declaración indagatoria, tras su ausencia el pasado 7 de julio a la primera citación.
La militante fue citada a declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de millonarios fondos aportados por el Estado para la construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo.