La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, pidió a todos los trabajadores del aparato público que confirmen si habían sido igualmente inmunizados. Foto: Twitter Tribunal Constitucional del Perú
La primera ministra, Violeta Bermúdez, confirmó este 17 de febrero del 2021 el retiro de sus cargos a 16 funcionarios públicos que fueron vacunados irregularmente con las dosis de Sinopharm, que llegaron al país el año pasado junto con las utilizadas en el ensayo experimental.
Después del escándalo desatado por la vacunación secreta del expresidente Martín Vizcarra y dos exministras, la presidenta del Consejo de Ministros pidió a todos los trabajadores del aparato público que confirmen si habían sido igualmente inmunizados.
“El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, ocho eran del ministerio de Salud y ocho de Relaciones Exteriores, todos ellos ya no forman parte del equipo de Gobierno”, declaró Bermúdez en rueda de prensa.
La titular del gabinete añadió que dos exfuncionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que fueron vacunados, uno de ellos fue designado por la Cancillería, y el otro fue contratado por el exprimer ministro Walter Martos, bajo la gestión de Vizcarra.
“Ninguno de estos dos funcionarios fue contratado por mi gestión, y ninguno trabaja ya en la Presidencia del Consejo de Ministros”, apuntó.
Tras recibir el listado de personas que fueron vacunadas irregularmente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo del estudio experimental de Sinopharm en Perú, la comisión encargada de investigar esta denuncia encontró un número aproximado de funcionarios públicos beneficiados con la inmunización.
“Del total de personas vacunadas (487), alrededor del 25% eran funcionarios públicos al momento de recibir la vacuna. Actualmente, ninguno de ellos forma parte del gobierno”, afirmó Bermúdez.
Remarcó que “ninguna persona que ha sido parte de esta vacunación irregular podrá ser miembro del directorio de ninguna entidad pública” y que, por ese motivo, se ha iniciado el proceso de separación de algunas personas que han estado involucradas en esta denuncia.
Bermúdez reiteró la indignación del Ejecutivo sobre el uso irregular de las vacunas experimentales de Sinopharm y agregó que “los malos funcionarios no pueden manchar la labor de más de un millón de servidores públicos del Estado”.
Sagasti recibió la primera dosis
Para salir al frente de una serie de informaciones que circulan en redes sociales, Bermúdez expresó que el presidente peruano, Francisco Sagasti, recibió su primera dosis de vacunación el día 9 de febrero, cuando empezó la campaña oficial de inmunización en el país.
“Es falso que haya recibido una primera dosis con anterioridad. En tres semanas le corresponderá la segunda dosis”, anotó.
Con respecto al número total de vacunas que llegaron a Perú junto a las usadas en el ensayo con voluntarios, Bermúdez indicó que actualmente se conoce el uso irregular en 487 personas “pero sabemos que había dosis para 1 000 personas”.
“No sabemos cuál es el destino, dónde están esas dosis que faltan. La comisión también va a solicitar esa información”, dijo Bermúdez.
“Esas vacunas experimentales adicionales no tienen nada que ver con el millón (de dosis) adquirido por Perú”, anotó la primera ministra.
Por otra parte, Bermúdez informó que el proceso de vacunación no se ha detenido y ya se ha logrado la aplicación de la primera dosis a 110 000 profesionales de la salud en primera línea de atención.
Con respecto al segundo lote de vacunas en el territorio peruano, indicó que se ha iniciado el proceso de distribución a las regiones de Junín, Huancavelica, Tumbes y Lima.
En tanto, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la curva de promedio nacional de contagios “sigue en incremento”.
“Las zonas donde es mayor el alza, tanto de nuevos casos como fallecimientos, es Lima, Callao, Ica y en la sierra centro en Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho”, precisó.
Ugarte anunció la aprobación de decretos de urgencia para entregar una bonificación extraordinaria para los profesionales de la salud que dan servicios complementarios, así como un reconocimiento de los gastos de traslado e instalación del personal transferido a distintas regiones del país.