8 de January de 2012 00:04

España: hipotecas agobian a ecuatorianos

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Con un cartel que rezaba “Derecho a techo, a justo precio”, Silvana Piedra, ecuatoriana y próxima a ser echada de su piso, marchó, el 28 de diciembre pasado, junto a los miles de indignados españoles que salieron nuevamente a las calles de Madrid.

Era el Día de los Santos Inocentes. La manifestación se llamó“La cabalgata indignada”, en alusión a la tradicional Cabalgata de Reyes Magos que estos días se organiza por toda España.

La ecuatoriana, con su cartel, llegó a la Puerta de Sol, centro de Madrid. Allí presenció la actuación de una María y un José modernos que cambiaron la escena de buscar posada en Belén por la ‘okupación’ de un piso abandonado en Madrid. Los reyes magos llegaron con regalos peculiares: la concesión de un alquiler social y la dación en pago retroactivo para que los hipotecados, que no puedan pagar sus cuotas, entreguen el piso a los bancos y salden sus deudas.

Los bancos están en la mira de los indignados por su contribución al crecimiento de la burbuja inmobiliaria y su comportamiento, tras su estallido. Hay un convencimiento popular de que las entidades financieras tuvieron un comportamiento muy laxo a la hora de conceder los préstamos. Ahora asfixian a los deudores para recuperar el dinero.

Desde el 2008, cuando empezó la crisis, se han producido 151 354 desahucios en España, según el Consejo General del Poder Judicial. Mientras en el 2011 hubo 3 000 desahucios a inmigrantes ecuatorianos, registros anteriores señalan la existencia de 8 000 procesos hipotecarios.

Los bancos son los nuevos propietarios de esos pisos. Tras la ejecución de la hipoteca, viene una subasta -que generalmente se declara desierta por la ausencia de compradores- y los bancos se quedan con los inmuebles por el 50% de su valor. Luego hacen una simple resta y persiguen al deudor por la diferencia.

La compatriota indignada recuerda que tras la subasta de su vivienda, los asesores le informaron que debía firmar un préstamo de 100 000 euros (USD 130 000) para saldar su cuenta. “Cómo voy a pagar por algo que no tengo”, expresó. Ahora espera la fecha del desahucio y cuando puede va a las manifestaciones.

Ella pide un precio justo para su vivienda, sobre todo porque descubrió que la nueva valoración de su piso, en el sur de Madrid, en una planta baja, con 56 metros de construcción, es de 140 000 euros (USD 180 000). Pero su hipoteca -firmada en el 2005- fue de 276 000 euros (USD 358 000).

Una plataforma de lucha

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) recoge historias como las de Silvana y busca soluciones jurídicas para evitar que los bancos se queden con los pisos. Cuando todo está perdido intenta detener los desahucios con el apoyo popular. A través de asambleas barriales moviliza a decenas de vecinos para que acudan al domicilio de la persona que va a ser desahuciada y bloqueen el paso de jueces, abogados y policías. Este año se han parado 100 desahucios.

Denuncian estafa

Los ecuatorianos son el grueso de la gente que asiste a la PAH. La cabeza visible es Aída Quinatoa, hipotecada desde el 2004 y presidenta del Consejo Nacional de Ecuatorianos en España.

Esta mujer de Chillanes, Bolívar, llamó la atención de las autoridades ecuatorianas en España desde el 2008, pero con el tiempo su queja solamente tuvo eco entre los indignados del 15M. “La queja inicial era que la cuotas de la hipotecas eran impagables por la subida del Euribor (principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios) y los bancos solo ofrecían la renegociación de la deuda”, cuenta Aída. “Ahora hablamos de una estafa, porque los gestores inmobiliarios y los bancos se aprovecharon de nuestra ignorancia”.

En el 2009, un grupo de compatriotas de la Asociación Juan Montalvo caminó desde Valencia a Madrid -unos 400 kilómetros- para pedir en el Congreso que se cambie la ley hipotecaria y se permita la entrega de los pisos al banco para saldar la deuda.

Ninguna de estas propuestas obtuvo apoyo político, pero algunos juristas comenzaron a dar forma al reclamo judicial por la presunta estafa que sufrieron los inmigrantes. Cinco familias ecuatorianas señalaron como responsables al español Enrique Caño y el ecuatoriano Grober Laaz, socios de la firma Central Hipotecaria del Inmigrante.

La denuncia por la supuesta estafa se presentó en Madrid el 30 de noviembre del 2010. Quinatoa y su esposo encabezaron el reclamo. “Realmente estábamos cansados de vivir como gitanos, íbamos de una a otra habitación y teníamos que convivir con gente que fumaba y bebía”.

Grober Laaz se encargaba de mostrar los pisos a los inmigrantes. A Quinatoa le enseñó uno de 80 metros cuadrados, con tres habitaciones, que la deslumbró. El ecuatoriano le pidió 3 000 euros (USD 3 900) como señal y le comentó que debía avalar a alguien antes de empezar a gestionar su hipoteca.

Enrique Caño se encargaba de los trámites legales. La compatriota recuerda que cuando dudó sobre avalar a una persona desconocida, Caño le dijo: “En un par de años se hace otra escritura y dejas de ser avalista. Eso te cuesta unos 20 euros (USD 26)”.

Eso nunca pasó y poco a poco surgieron más irregularidades (ver nota compartida), que sirvieron para sustentar la demanda. Quinatoa llevó la historia de los ecuatorianos a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y ha conseguido más apoyo. Hace poco, el 23 de noviembre, ganó su primera batalla: el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid vio indicios de delito y ordenó la detención de Enrique Caño.

Con esa experiencia a cuestas, Quinatoa no duda en difundir su caso en todos los foros donde se hace presente en diversas localidades de España. Es más, en las reuniones de la plataforma de afectados reparte hojas volantes, junto con los miembros de su organización. Uno de los párrafos del texto incluido en cada página dice: “Hemos firmado una hipoteca en España bajo engaño de banqueros e inmobiliarias, pero esta vez hay que decir no. Compatriotas, víctimas del fraude hipotecario, por favor no firmen...”.


Una cadena de engaños, tras el negocio

Cuando la boliviana Neda Castillo,  separada y madre de dos niños, habla de su hipoteca, siempre menciona la palabra estafa.  En el 2004, una amiga ecuatoriana le contó de la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI). Le dijo que eran honestos y que no cobraban mucho por conseguir pisos.

La publicidad del español Enrique Caño y el ecuatoriano Grober Laaz convenció a Castillo.  La mujer recuerda que cuando los visitó le dijeron que su comisión apenas era de 699 euros (USD 900). “Confié en ellos porque en otras agencias inmobiliarias cobraban entre 3 000  y 5 000 euros (USD 3 900 y 6 500)”, dice.

Luego vino el cuento de los avales cruzados o solidarios, como lo llamaban los dueños del CHI.

A Castillo  le dijeron que tenía que avalar a otra persona para recibir un aval en su hipoteca. Pero en su caso hubo más abuso porque sin saberlo firmó como copropietaria del piso de una persona que no conoció ni siquiera el día de la firma en la notaría y que por suerte sigue pagando puntualmente su hipoteca. “Todo era tan rápido y nos decían que después de la firma íbamos a aclarar todo”, dice la boliviana.

Ella fue avalada por el ecuatoriano Celso Alejandro, que había llegado de Murcia con su esposa y su niño. “Buscaba un piso para vivir con mi familia, porque íbamos a ser muchos para alquilar una habitación”, cuenta.  

La comisión de 699 euros que decían cobrar fue un imán para los inmigarntes. Pero todo era mentira. Los agentes inmobiliarios se aseguraban de cobrar su parte de una u otra manera. A Celso, un día antes de la firma en la notaría, le dijeron que el banco no le había prestado todo el dinero y que le faltaban unos 7 000 euros (USD 9 000). “Si no los tienes, te los prestamos, para eso estamos, para apoyarles”, le dijeron por teléfono.

En el caso de Castillo le pidieron dinero para las escrituras y como no tenía le ofrecieron un préstamo. Ambos inmigrantes firmaron otro documento y varias letras por la deuda que asumían con la CHI. Esta también se cobraba a través del banco que les había facilitado el dinero para el piso, con lo cual muchos lo asociaban con la hipoteca.

Castillo  se dio cuenta del engaño cuando le comentaron en el banco que ellos le habían prestado el 100% del valor del piso y de los trámites de escritura. Inmediatamente dejó de pagar la otra deuda y empezó el acoso de Enrique Caño, que finalmente le embargó el piso. Celso también dejó de pagar la deuda de la CHI, pero Caño no lo denunció.

Ambos se enterraron de la detención de Caño hace poco. Ellos habían intentado en el 2005 demandar, sin  resultados,  a este hombre y su socio ecuatoriano en el juzgado del municipio donde viven, en Getafe.


Más dolores de cabeza para los migrantes

Al hilo de la crisis han surgido iniciativas que ofrecen ayuda al inmigrante a cambio de dinero. Magdalena Almache, ecuatoriana, tuvo que confiar el cuidado de su hijo a su hermano en otra ciudad  porque no tenía recursos; llegó a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas con la denuncia contra   la Asociación de Afectados por los Embargos y Subastas (AFES).

“Yo escuché el anuncio en Top Radio, decían que ayudaban a inmigrantes hipotecados”, cuenta Magdalena. “Fui y me dijeron que tenía que pagar 120 euros (USD 156) para asociarme y luego me pidieron 1 500 euros para pagar al abogado (casi USD 2 000)”.
Carlos Baños, presidente de AFES, dice que tienen unos 2 000 socios activos y que efectivamente cobran. “La cuota de 120 euros (USD 156) es anual y se cobra entre 500 y 1 500 euros (USD 650 y 2 000) para  los abogados”, dice. Con la dación de pago  han resuelto 400 casos. 

“Comenzamos muy beligerantes con los bancos, pero a medida que avanzamos hemos visto que todos fuimos responsables porque fuimos malos consumidores de hipotecas”, dice y confirma que sus clientes son, sobre todo, inmigrantes. Este año están asesorando también a españoles, personas mayores que avalaron a sus hijos con sus bienes.

Magdalena tiene el número de asociado 2 225 porque pagó la cuota de afiliación y luego entregó 750 euros (unos USD 975) y confió en la gestión de AFES. Pero tras siete meses de espera llegó a su casa la notificación de la ejecución hipotecaria. “No hicieron nada, ni siquiera solicitaron la dación en pago al banco”, denuncia la ecuatoriana.

Los ecuatorianos de la PAH le acompañaron hace unos días a entregar el pedido de dación en pago en el banco y como en cada acción salieron colocando sus pegatinas de “Este banco estafa y echa a la gente de su casa”.


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