Los activistas catalanes están determinados a mantener vivo un plebiscito que el gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que no tendrá lugar. Foto: Foto: EFE/Paco Campos
Ocupando escuelas que debían acoger los centros de votación del referéndum de independencia prohibido, los activistas catalanes estaban determinados este sábado 30 de septiembre del 2017 a mantener vivo un plebiscito que el gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que no tendrá lugar.
“Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto, que es el día 1”, explicó Thais, una madre de 38 años que, como muchos activistas, prefería no dar su apellido.
“Somos la gente los que tenemos que defender nuestros propios intereses, sino lo hacemos, nadie lo hará por nosotros”, agregó mientras participaba en la ocupación de la escuela de su hijo, Turó del Cargol, al pie del célebre Parque Güell de Barcelona.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno de Rajoy, el ejecutivo regional catalán está determinado a celebrar el plebiscito este domingo 1 de octubre del 2017, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
“Es verdad que todavía tenemos todo el domingo para ganar la independencia”, lanzó el presidente regional, Carles Puigdemont, en un mitin de fin de campaña el viernes 29 de septiembre del 2017 por la noche. Pero “sabiendo toda la gente que está movilizándose en todo el territorio, hoy ya hemos ganado”, agregó.
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre el proyecto independentista: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio del 2017. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.
Tras meses del más absoluto secreto, el ejecutivo de Puigdemont desveló el viernes 29 de septiembre del 2017 algunos detalles de la organización: 2 315 centros de voto en toda Cataluña -región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España- y un censo de 5,3 millones de votantes.
También presentó por primera vez una de las urnas previstas para el domingo 1 de octubre del 2017, consistente en una caja de plástico traslúcida con una tapa negra donde hay una ranura para introducir el voto. Las fuerzas de seguridad españolas, que a mediados de septiembre del 2017 confiscaron millones de estas papeletas, siguen buscando las miles de urnas que los independentistas ocultan en algún lugar.
En un esfuerzo por desmantelar esta logística, la justicia ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación. Y ordenó a la policía que vigile si entra en ellos material electoral, en cuyo caso deben decomisarlo.
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, dependiente del gobierno independentista pero obligados a hacer respetar las decisiones judiciales. Sus responsables ordenaron así a sus agentes desalojar las escuelas el domingo 1 de octubre del 2017 a las 06H00 (04H00 GMT) pero sin recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué pasará si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.