25 de octubre de 2018 18:56

Keiko Fujimori intenta preservar su libertad y a su partido

La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (centro), llega a la Sala Penal Nacional, para la reanudación de la audiencia donde la Fiscalía pide prisión preventiva, el jueves 25 de octubre de 2018, en Lima (Perú). EFE

La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (centro), llega a la Sala Penal Nacional, para la reanudación de la audiencia donde la Fiscalía pide prisión preventiva, el jueves 25 de octubre de 2018, en Lima (Perú). EFE

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Agencia AFP

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La justicia peruana retomó este jueves 25 de octubre de 2018 una audiencia para decidir si manda a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori, quien paralelamente lanzó una reestructuración en su monolítico partido, ahora sumido en una crisis interna.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) comparecía por tercer día ante el juez Richard Concepción Carhuancho por un pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 36 meses, después de pasar una semana detenida por la misma causa este mes.

La transmisión por televisión, radios y redes sociales revela un notable interés por este caso en Perú. En cafés y bares, el público se agolpa frente a las pantallas, como para los partidos de Perú en el Mundial de Rusia-2018.

Pero mientras la justicia amenaza la aspiración de Keiko de ser candidata presidencial por tercera vez en 2021, ella enfrenta una sorpresiva crisis dentro de su partido Fuerza Popular (derecha populista), que domina el Congreso y fue el más votado en los comicios generales de 2011 y 2016.

Keiko, de 43 años, suspendió el miércoles los órganos directivos del partido, incluido el Comité Político, y designó en su lugar un “comité de emergencia” para enfrentar la crisis, que detonó en el peor momento para la poderosa líder opositora.

Keiko ha manejado en forma autocrática al partido desde que lo fundó en 2011, sin tolerar ningún tipo de disidencia.

Sin contemplación marginó a su propio hermano menor Kenji e hizo que el Congreso lo despojara de su banca parlamentaria en junio, tras ser denunciado por un legislador leal a ella de intentar comprar su voto. Ambos hermanos libran una guerra por el legado político de su padre.

En medio de esta crisis partidaria, Keiko adoptó un inusual tono conciliador, llamando a la “ paz y el reencuentro ” , tras haberse mantenido beligerante desde la campaña de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

Bajo control fujimorista, el Congreso no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo.

El desgaste causado por sus líos judiciales, sus disputas familiares y ser oposición obstruccionista, ya le pasó factura en las elecciones locales del 7 de octubre, en las que el fujimorismo no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni alcaldías importantes.

El partido cosechó menos del 3% de votos, mientras que en las presidenciales de 2016 Keiko había obtenido 40%.

El patriarca observa impotente

La popularidad de Keiko se ha desplomado, con 86% de desaprobación, nivel comparable solo al de su padre cuando colapsó su gobierno por un escándalo de corrupción generalizada y se marchó a Japón, desde donde renunció por fax a la presidencia.

La frustración por haber perdido una segunda elección presidencial (la primera fue en 2011 ante Ollanta Humala) indujo a Keiko a enviar a su mayoría parlamentaria a una guerra sin cuartel contra Kuczynski, hasta que el mandatario arrojó la toalla.

Intentó hacer lo mismo con el actual presidente Martín Vizcarra, pero éste reaccionó con energía a los embates del Congreso, lo que terminó por desplomar la popularidad de Keiko.

El expresidente de ancestros japoneses está internado en una clínica en calidad de detenido desde que hace tres semanas la justicia anulara el indulto que concedió Kuczynski en diciembre, mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

Desde su cama, el patriarca del clan, de 80 años, observa con impotencia la complicada situación de su hija.

Once pedidos de prisión

En el primer día de la audiencia judicial, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que dentro del partido de Keiko “había una organización de facto”, que manejó los aportes ilegales de campaña, lo que fue tildado de “falso” por la abogada defensora, Giuliana Loza.

El fiscal pide prisión preventiva para 11 dirigentes y cuadros fujimoristas, quienes supuestamente manejaron 1,2 millones de dólares aportados por la brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko.

Pérez había pedido prisión para 12 fujimoristas, pero archivó la solicitud contra uno de ellos.

El jurista Roberto Pereira estimó difícil que el juez resuelva el pedido de prisión contra Keiko antes que los demás.

“No hay nada que se lo impida, pero no creo que lo haga”, declaró a la AFP.

El pedido de prisión debe ser resuelto por el juez Concepción Carhuancho, a quien Keiko acusa de confabularse con el fiscal Pérez.

El juez no debe pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino decidir si amerita que los imputados estén detenidos mientras avanzan las investigaciones.

“Un tribunal podría pensar que con ella en libertad existe un riesgo alto de que el sistema judicial pudiera ser obstaculizado”, dijo el columnista Ricardo Uceda en el diario La República.

“Ni existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia”, afirmó la abogada Loza en la audiencia, que se reanudó en la tarde tras un receso para el almuerzo.

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