3 de noviembre de 2018 00:00

El MPD busca sanciones internacionales

Unidad Popular nació tras la eliminación del MPD. Ambas organizaciones se fusionarán. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Andrés García
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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El Movimiento Popular Democrático (MPD) volvió al escenario político, luego de que el Consejo Nacional Electoral en transición (CNE) le restituyera su personería jurídica.

La resolución del organismo electoral será anexada como prueba a la demanda que presentaron los militantes del MPD ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2014.

Luis Villacís, director nacional de la organización, explicó que acudieron a esa instancia internacional para denunciar que les quitaron sus derechos de libre organización y participación política.

El MPD fue borrado del registro de organizaciones políticas en julio del 2014. En ese entonces, el CNE argumentó que el partido habría incumplido el artículo 327 del Código de la Democracia, que establece que los movimientos deben alcanzar un mínimo de representantes electos en comicios.

A pesar de que el MPD ya recuperó su casillero electoral, los dirigentes esperan un dictamen internacional favorable para que “los autores de su eliminación sean sancionados con todo el rigor de la Ley”.

Villacís asegura que el MPD nunca feneció, pese a la “persecución política del correato”. El dirigente narró que después de la decisión del CNE, los militantes se organizaron para recolectar firmas para inscribir a Unidad Popular.

A corto plazo, el MPD apoyará y hará campaña por los candidatos que presente Unidad Popular para las elecciones del 24 de marzo del 2019.
Después de los comicios, se concretará la fusión entre el MPD y Unidad Popular, cuya base es la misma, según Geovanni Atarihuana, director de esta última agrupación.

El artículo 326 del Código de la Democracia permite la fusión de dos o más organizaciones políticas. Si de esta fusión nace un nuevo movimiento, se cancelará el registro electoral de los partidos que suscriban el acuerdo mutuo.

Atarihuana afirma que las dos organizaciones tienen la misma corriente de pensamiento y acción. Luego se discutirá el nombre, se unificarán planes y se reformarán estatutos. “Será un proceso natural, pues el 95% de la militancia del MPD está en Unidad Popular”, dijo el dirigente.

Otro movimiento que recuperó su personería jurídica es Ruptura de los 25. Su secretario nacional, Iván González, contó que ellos también acudieron a la CIDH. Pero adelantó que en su caso desistieron de acciones internacionales, pues ya se les restituyó su casillero electoral.

Por el momento, avanzan en un proceso interno para actualizar el padrón de la organización, pues hubo casos de exmilitantes que se desafiliaron.

También se enfocarán en la reforma al régimen orgánico del movimiento. En el Consejo Político Nacional de Ruptura de los 25, que se desarrolló en Quito, se resolvió apoyar a los militantes de esa tienda política que decidieron aceptar cargos en el Gobierno.

Esos son los casos de María Paula Romo, que se desempeña como ministra del Interior. Y de Juan Sebastián Roldán, que ocupa la Secretaría Particular de la Presidencia.

“Ratificamos la confianza en nuestros compañeros. Planteamos que la lucha contra la corrupción debe ser la marca de su gestión”, apuntó.

Al igual que el MPD, el movimiento Ruptura tampoco podrá participar en las seccionales del próximo año, pero sí en futuros procesos electorales.

La restitución de la personería jurídica de ambos movimientos se sustentó en un informe del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs), que sirvió para cesar a los consejeros electorales.

Para Camila Moreno, vocal del CNE transitorio, la decisión no fue arbitraria, pues el informe determinó que se vulneraron derechos políticos.

El consejero electoral José Cabrera se abstuvo de votar, pues considera que existía una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la decisión de eliminar a los movimientos del registro. Por ello manifestó que el CNE no “podría irse sobre una sentencia, pues es un ente administrativo”.

Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cree que la restitución del MPD y Ruptura “desde el punto de vista procesal es ilegal, pero analizada políticamente fue justa”, ya que hubo un rompimiento de la Ley para la eliminación de sus personerías.

“Creo que está incompleto, deberían hacer lo mismo con el PRE y el Prian, que también fueron eliminados”, finalizó.

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