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Moreno cierra la Secretaría Anticorrupción del Gobierno y anuncia dos reformas para endurecer sanción por corrupción

Durante una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno habló sobre las acciones que tomará el Gobierno frente a las denuncias de corrupción. Foto: Twitter Lenín Moreno

Durante una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno habló sobre las acciones que tomará el Gobierno frente a las denuncias de corrupción. Foto: Twitter Lenín Moreno

Durante una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno habló sobre las acciones que tomará el Gobierno frente a las denuncias de corrupción. Foto: Twitter Lenín Moreno

El presidente Lenín Moreno anunció la noche de este 20 de mayo del 2020 en cadena nacional el cierre de la Secretaría Anticorrupción y dijo que enviará a la Asamblea dos reformas legales para “evitar la corrupción” y para que las “sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción”.

Sobre el cierre de la Secretaría Anticorrupción Moreno señaló: “Si hay alguna duda de que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, señora Fiscal, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia y Presidenta del Consejo de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi confianza en la eficacia y celeridad con la que ustedes llevan adelante sus funciones”.

Fuentes de la Secretaría General de Información (Segcom) confirmaron que finaliza la labor de esta secretaría adjunta a la Presidencia de la República.

El mensaje del Primer Mandatario giró alrededor del tema de la corrupción. Informó que el pasado martes 19 de mayo mantuvo una reunión con todas las funciones del Estado. Como resultado de aquello se trabajó en una reforma a los procedimientos de compras públicas en emergencia.

“La corrupción no se detiene ante nada ni siquiera en el peor momento sanitario y económico de nuestra historia, por eso hoy enviaré a la Asamblea dos modificaciones que creo yo son fundamentales para evitar la corrupción en tiempo de emergencia económica y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en caso de corrupción cometidos en estas circunstancias tan críticas”, agregó Moreno.

“Tratamos además el tema de la recuperación de activos frente a una legislación que nos imposibilita hacerlo con la celeridad que el asunto merece”, dijo Moreno.

El Presidente insistió en los proyectos de Ley enviados al Legislativo respecto a la extinción de dominio y la creación de jueces penales anticorrupción. El proyecto sobre extinción de dominio fue presentado por el exsecretario Anticorrupción Iván Granda.

Moreno reiteró que apoya la propuesta del cambio en la Contraloría General hacia un Tribunal de Cuentas. Dicho proyecto lo impulsa el actual contralor, Pablo Celi.

Otro acuerdo tras la reunión con las funciones del Estado fue que sea el Procurador General, Íñigo Salvador quien junte todas todas las iniciativas para “facilitar tanto la condena de los corruptos como la repatriación del dinero”, según el Primer Mandatario.

El Presidente también se refirió a los casos de corrupción durante su Gobierno. Recordó que en su momento solicitó la renuncia a dos de sus Vicepresidentes. También a otros funcionarios con denuncias argumentadas.

La Secretaría Anticorrupción fue creada el 6 de febrero del 2019 como una entidad adscrita a la Presidencia de la República.

En apenas 15 tuvo tres secretarios. El primero fue el actual ministro de Inclusión Social, Iván Granda, quien fue relevado en el cargo, en octubre pasado, por Dora Ordóñez.

Tras la renuncia de Ordóñez, en enero pasado, el presidente Moreno designó a ese despacho a José de la Gasca, a quien la fiscal General, Diana Salazar, reclamó por interferir en las pesquisas judiciales.

La misión de la Secretaría era generar políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción. También encargarse de coordinar la cooperación entre las instituciones del Gobierno, organismo de control y entidades judiciales involucradas en la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos. Además, articular con la Cancillería la implementación de los acuerdos internacionales existentes, a favor de la lucha contra la corrupción.

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