Vehículos de la Policía Nacional dispersaron a los manifestantes durante protestas en el Centro Histórico contra el anuncio de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno. Esta imagen corresponde al 3 de octubre del 2019. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnud) confirmó que una delegación de tres miembros visitará Ecuador, entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre del 2019, para analizar las denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos
y supuestos abusos de la fuerza pública, durante los 12 días de paralizaciones que afectaron al país.
A través de un comunicado emitido este viernes, 18 de octubre del 2019, la Oficina, liderada por la Alta Comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó que fue el propio Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien invitó a la delegación.
Durante su estancia en Ecuador, la misión dialogará con representantes del Gobierno, dirigentes indígenas, representantes de la sociedad civil y líderes de opinión, para recolectar información de primera mano sobre “las circunstancias de los hechos de violencia” que se produjeron en Ecuador.
“Nuestra Oficina ha recibido denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad estatal, así como reportes de crímenes cometidos por terceras partes”, reza el comunicado.
La Oficina hizo un llamado a las autoridades para que conduzcan un “pronto, efectivo, transparente, independiente e imparcial proceso de investigación sobre todas las vulneraciones a derechos humanos y abusos cometidos en el contexto de las protestas”.
Acnud también mostró su preocupación por reportes de detenciones, incluyendo actores políticos y autoridades electas, relacionadas a las protestas en Ecuador. La Oficina hizo un llamado a las autoridades a garantizar el respeto al debido proceso, así como las garantías de inmunidad, en el caso de los tres legisladores correístas, y sus cónyuges, quienes solicitaron protección en la embajada de México en Quito.
Días atrás, también se confirmó la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El equipo hará una visita de trabajo a Ecuador del 28 a 30 de octubre, para evaluar la situación en el país tras las protestas en contra del ajuste económico del Gobierno.
El Canciller de la República, José Valencia, aseguró en su cuenta de Twitter que la invitación a los dos organismos internacionales fue para que constaten que la acción del Gobierno “para mantener el orden público frente a violencia y llamados golpe de Estado se dio con respeto a Ley y estándares de derechos humanos”.
La organización Amnistía Internacional ha denunciado excesos en el uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Las protestas en Ecuador contra ajustes económicos del Gobierno ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional terminaron el pasado domingo 13 de octubre con un saldo de ocho muertos, más de 1 300 heridos y un millar de detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el martes 15 la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que en los registros de la Cartera de Estado había seis fallecidos y todos por causas “accidentales”: un atropellamiento y cinco precipitaciones (caídas).
Tras la declaración de Romo, Freddy Carrión -defensor del Pueblo- anunció el miércoles 16 de octubre que una Comisión Especial de Investigación Defensorial para Transparentar Vulneraciones de los Derechos Humanos durante las protestas en Ecuador fue conformada.
Asimismo, ratificó el informe emitido el domingo 13 de octubre. “Hemos documentado que ocho personas murieron en el contexto de las protestas sociales”, dijo Carrión en una rueda de prensa.
La Comisión, enfatizó Carrión, “sobretodo” investigará qué ocurrió con “las personas que se encuentran heridas y que muchas de ellas presentan lesiones permanentes, como pérdida de un ojo o incrustaciones de perdigones en su rostro y en su cuerpo”.