El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martinez. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El Ministerio de Finanzas señaló este jueves 4 de octubre del 2018, que la Contraloría General del Estado no ha observado la legalidad de las preventas de petróleo ni ha emitido comentarios para que estas operaciones se dejen sin efecto. Lo qué sí recomendó el organismo de control, según la Cartera, fue el registro de los anticipos petroleros como deuda pública.
La semana pasada Finanzas recibió un desembolso de Petrotailandia por USD 295 millones a Petroecuador, como parte del contrato de compra venta de crudo suscrito con esa compañía en junio del 2015.
“Alrededor del manejo de la deuda, la Contraloría General del Estado llevó a cabo un examen especial sobre la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública externa e interna. En su informe, el órgano no observó las operaciones de venta anticipada de petróleo, pero sí recomendó que éstas sean registradas como pasivos del Estado, algo que hasta ese momento no ocurría”, aclaró la entidad.
Según Finanzas, en su informe, la Contraloría no cuestiona la vigencia de estos contratos, por lo que aclaró que “se ejecutarán hasta su culminación conforme lo acordado”.
La Cartera indicó que al ser el contrato ley entre las partes, los desembolsos por ventas anticipadas que estén pendientes se reciben de acuerdo con el cronograma.
El próximo año, hasta septiembre, se deben recibir tres desembolsos adicionales.
Desde mayo de este año, Finanzas incorporó en los boletines de deuda pública de su portal el detalle de las ventas anticipadas, en donde constan el monto contratado con Petrotailandia, correspondiente al contrato de compra venta de crudo que Petroecuador suscribió con esta empresa.
Además, el pasado 30 de noviembre del 2017, la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado del 2018, en donde estableció el rubro de ingresos por preventa anticipada de petróleo por USD 695 millones, los cuales corresponden a los dos tramos desembolsados por Petrotailandia en este año, indicó Finanzas.
“Determinar la legalidad o no de los contratos corresponde a las entidades de control, no al Ministerio de Economía y Finanzas. El compromiso fue adquirido por el Estado ecuatoriano en el 2015 y está vigente legalmente”, indicó por escrito el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.