21 de febrero de 2020 00:00

La Corte Constitucional tramitó 26 pedidos de consultas en el 2019

El 17 de septiembre pasado, simpatizantes de Yaku Pérez se apostaron en la Corte Constitucional para pedir la consulta minera en Azuay. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El 17 de septiembre pasado, simpatizantes de Yaku Pérez se apostaron en la Corte Constitucional para pedir la consulta minera en Azuay. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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El segundo intento para definir por la vía de la consulta popular el futuro de la minería en Azuay se tratará hoy en el Pleno de la Corte Constitucional (CC). Su presidente, Hernán Salgado, incluyó en el orden del día el pedido efectuado por el prefecto Yaku Pérez.

El máximo órgano de interpretación constitucional deberá pronunciarse sobre dos preguntas. Una tiene que ver con la ampliación de las zonas en donde se prohíba la minería metálica (fuentes de agua, zonas de carga y descarga, entre otras) y la otra busca revertir las concesiones otorgadas para este tipo de actividad.

Este pedido de consulta popular es uno de los 26 que, con diferentes objetivos, han llegado a la CC desde enero del 2019, según consta en el sistema de búsqueda de causas de la página web de la institución.

El 16 de abril pasado, la CC cambió los pasos para tramitar consultas populares. Definió que esa entidad “procederá a realizar el control constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas de la misma, sin requerir el respaldo de la recolección de firmas”. Antes, primero se recogían las firmas para después presentar la pregunta.

Los motivos por los que un ciudadano o un colectivo, así como organizaciones políticas han intentado llevar a las urnas a los ecuatorianos son diversos.

Video consulta popular corte constitucional


Entre los temas con más solicitudes están los que se refieren a limitar o eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), la realización de una Asamblea Constituyente y las consultas por temas mineros (ver infografía).El pedido del Comité por la Institucionalización Democrática, un colectivo que busca reformar tres funciones del Estado (Transparencia, Legislativo y Judicial), es uno de los tres trámites que ha pasado el filtro de la Corte.

Los otras dos son del movimiento político Actúa y de Manuel Yanayacu, a quienes la CC también les aprobó iniciativas en contra del Cpccs.

El Comité intenta completar el 1% de firmas del padrón electoral para que su proyecto se trate en la Asamblea, como paso previo a la realización de una consulta popular. El legislativo deberá tratar su proyecto en dos debates.

Entre la primera y segunda discusión deberán transcurrir 90 días.
Darwin Seraquive, del Comité por la Institucionalización, señaló que el primer paso antes de llegar al CC fue juntar a organizaciones sociales para elaborar la propuesta. Ese trabajo demandó tres meses.


“Una vez que llegamos a la Corte no hubo mayor inconveniente. Obtuvimos el dictamen de la vía para este tipo de reforma parcial dentro del plazo esperado”, señaló.

La iniciativa del Comité plantea que se elimine al Cpccs, cambiar el modelo de la Asamblea hacia la bicameralidad (senadores y representantes) e independizar a la Fiscalía de la Función Judicial.

La CC determinó en agosto pasado que la vía para estos cambios es la reforma parcial a la Constitución.

A pesar de que sí hubo observaciones al proyecto presentado por el Comité, finalmente sí se decidió dar paso a la recolección de rúbricas. La CC dijo que la propuesta de requisitos para la elección de los integrantes de la Cámara de Representantes “restringen derechos de participación y representatividad”.

Entre las propuestas que la Corte ha archivado están las relacionadas con el llamado a una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, el retorno de las casas de apuestas; así como el nombramiento de jueces indígenas, entre otras causas.

Marco Vinicio Harb ha presentado al menos cuatro iniciativas de consulta popular desde el año pasado. Una de sus preguntas se relaciona con el retorno de los casinos.

Su propuesta plantea la eliminación del artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la ilegalidad de esa actividad.

Harb se autodefine como un ciudadano independiente. Tiene 63 años y actualmente se dedica a la transportación de pasajeros. Dijo que la única forma de hacer algo por el país es “dejar de quejarse en las redes y cambiar las leyes”.

Sin embargo, sus propuestas aún no han pasado el control constitucional. La explicación que tiene es que “es muy emotivo” en la presentación de los argumentos y considerandos. “Me han negado los pedidos solo por temas de forma”.

Entre las propuestas de consulta también hay iniciativas extremas, como la de establecer la pena de muerte para femicidas, vendedores de droga y violadores, así como revocar el matrimonio civil igualitario por considerarlo una “abominación como lo dice la Biblia”.

La Constitución, en su artículo 104, señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a consulta popular por disposición del Presidente de la República, de la máxima autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de la iniciativa ciudadana.

En ese artículo también se establece que “la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto”.

Para el constitucionalista Jorge Benavides, eso implica un abanico muy amplio de posibilidades para tramitar estos procesos. Explicó que estas consultas populares pueden ser de dos tipos.

La primera es bajo la modalidad de referendo; es decir, cuando se aprueba un texto para ser parte del ordenamiento jurídico del país.

La segunda es el plebiscito, con el que se puede consultar sobre cualquier tema, aunque después del pronunciamiento popular puede o no existir la necesidad de la reforma legal.

En los últimos 14 años se han efectuado cuatro plebiscitos y tres referendos constitucionales. La última consulta popular se efectuó en Quimsacocha, durante los comicios del 2019.

Pérez no ha descartado impulsar una consulta nacional sobre la minería. Ese sería su siguiente paso en caso de que hoy la CC niegue su pedido.

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