Tareas contra minas ilegales dejan 272 carros incautados
En Ibarra hay vehículos retenidos por la minería ilegal y por infracciones viales.
El tráiler circulaba a las 23:30. Atravesaba Otavalo por la vía E-35, cuando tres patrulleros le cerraron el paso. Los agentes abrieron el contenedor y en su interior encontraron 800 sacos de material aurífero, que provenía de las minas ilegales de Buenos Aires, una pequeña parroquia de Imbabura.
El conductor dijo que le contrataron dos hombres para trasladar el material a Portovelo, en El Oro, y que le ofrecieron USD 3 000.
Pero el tráiler quedó incautado y llevado al patio de retención vehicular, en Ibarra.
Esas instalaciones reciben permanentemente automotores decomisados en medio de operaciones contra la minería ilegal. Actualmente, allí están 200, pero el canchón de 18 837 m2 está por llenarse.
Antes, ya colapsaron el patio de la Policía Judicial (PJ) y una parte del parqueadero del Comando de Policía de Imbabura, en donde se encuentran otros 72 vehículos.
Se trata de camiones, volquetas, tráileres, camionetas y autos de alta gama que son usados por personal encargado de custodiar el material.
El jefe de la Policía de Imbabura, Víctor Hugo Zárate, está preocupado por el alto número de automotores que han abarrotado las instalaciones. Según el oficial, ha pasado más de un año y medio desde que se realizaron las primeras incautaciones y “no se resuelve la situación de los vehículos”.
La Fiscalía aseguró que hasta finales del año pasado no se sabía qué destino dar al material mineralizado y a los carros incautados.
El Código Penal (art. 69) establece que los valores comisados deben pasar a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, pero la Fiscalía advierte que esta disposición solo rige para dineros ilícitos.
Por eso, en enero de este año se emitió el Decreto 649 que reforma el Reglamento de la Ley de Minería.
Ahí se especifica que una vez concluidos los procesos administrativos y/o judiciales y si finalmente se establecen responsabilidades, los bienes utilizados para la actividad ilegal, así como el material descubierto, pasarán a propiedad de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Esta, a su vez, transferirá a la Empresa Nacional Minera las sustancias y productos que se hubieran obtenido ilegalmente.
La idea es que todo entre en un proceso de “beneficio, aprovechamiento y comercialización” y que los recursos obtenidos de esas operaciones ingresen a la Cuenta Única del Tesoro.
A los patios de retención vehicular de Ibarra también llegan personas que aseguran que solamente alquilaron los carros para el traslado y que no sabían nada.
El propietario de un tráiler, que fue inmovilizado en noviembre pasado, aseguró que aún no termina de pagarlo. Tiene que cancelar cuotas de USD 1 000 mensuales. Pero aseguró que tras la incautación de su bien no ha podido cubrir las letras de los cuatro últimos meses.
Comentó que se sintió tentado por los USD 3 000 que le ofrecieron por el viaje, frente a los USD 350 que le pagan por llevar o traer contenedores entre Quito y Guayaquil.
Los dueños del cargamento le dijeron que tenían todos los permisos para llevar los bultos. Pero nunca verificó la existencia de los papeles.
Su caso aún está en trámite judicial. En caso de que los fallos sean favorables, los dueños de los automotores pueden solicitar la devolución.
Los policías dijeron que las bandas que operan, por ejemplo, en Buenos Aires, atraen a los dueños de los camiones con jugosas propuestas económicas.
De hecho, en los últimos dos años, los agentes también se incautaron de 24 942 sacos de rocas con material mineralizado, que suman 1 704 toneladas. Además, detuvieron a 492 ciudadanos.
De ellos, 94 están privados de la libertad y sus casos son analizados, por ejemplo, en la Fiscalía de Urcuquí, a donde pertenece Buenos Aires.
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