Equipo periodístico del Grupo de Diarios América (GDA)
El inusitado crecimiento de bandas criminales dedicadas al atraco, la venta de droga, el hurto de vehículos y el sicariato, entre otros, han convertido las calles de las principales ciudades de América Latina en espacios donde ronda el miedo.
Un equipo de periodistas de los 11 periódicos del Grupo Diarios de América (GDA, wwww.gda.com) hace un perfil de lo que está pasando y de las alternativas planteadas para combatir el hampa.
Con el mismo vértigo con que las ciudades latinoamericanas han crecido en el último medio siglo, han crecido el crimen y la violencia en ellas. El homicidio, el hurto de vehículos, el atraco a mano armada, la venta de droga o el llamado secuestro exprés encabezan las listas de los males que hoy golpean, en mayor o menor escala, a las capitales de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Puerto Rico, Uruguay, Perú y Venezuela.
Los gobiernos parecieran no dar abasto para combatir las estructuras criminales que cada vez lucen más organizadas, mejor armadas y con un accionar más violento, fruto, en muchos casos, del enorme poder corruptor que poseen y de las grietas que en el aparato judicial dejan la impunidad y la falta de justicia.
Aunque las cifras no son avaladas por el Gobierno Nacional, datos extraoficiales indican que para el 6 de junio de 2009, 371 personas habían sido plagiadas en Caracas, y se estima que ese número podría llegar a 800 a finales de año. En otras ciudades, como San Juan de Puerto Rico, es el fenómeno del narcotráfico el que tiene en alza el número de homicidios: 20,4 por cada 100 000 habitantes, el segundo más alto de EE.UU., después de Washington, y con posibilidades de que crezca este año.
Contrario a lo que pueden reclamar otras capitales del continente, en San Juan no es la falta de policías lo que justifica los crímenes. Allí existe un policía por cada 233 habitantes (Naciones Unidas recomienda uno por cada 250 personas), muy superior a lo que sucede en Bogotá, donde la media es de un agente por cada 470 personas.
La estrecha relación entre narcotráfico y violencia parece haber encontrado terreno abonado y está dejando secuelas preocupantes en México. A los 547 delitos que en promedio se denuncian cada día, se suma el poder criminal de los grandes carteles de la droga que han instalado en el Distrito Federal su residencia, su negocio y su poder destructor. En México, al igual que en Colombia, los grupos de narcotraficantes y organizaciones criminales se han apoderado de otros negocios legales e ilegales como la piratería, la extorsión, la prostitución, las apuestas, los juegos de azar, el tráfico de indocumentados y hasta la protección de barrios.
Analistas y expertos intentan hallar una explicación para el azote criminal del que son víctimas las ciudades y de la percepción de inseguridad que agobia a sus habitantes. Pese a que hay fenómenos propios de cada capital que explican el porqué de un mayor accionar de cierto tipo de delitos -en Caracas, por ejemplo, se culpa a la ‘crisis institucional’-, un denominador común para el surgimiento de grupos delincuenciales son las precarias condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes.
“En una sociedad que maltrata mucho a adolescentes y jóvenes con procesos de segregación fuerte, no es casualidad que sean ellos quienes reproduzcan ciertos fenómenos de la criminalidad”, señala Rafael Paternina, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de Uruguay.
En el caso puertorriqueño el consumo de droga y la “transmisión generacional de la violencia” han golpeado la escala de valores de la sociedad y han sembrado el miedo entre la población, a tal punto que hoy la gente prefiere invertir en rejas para sus viviendas y encerrarse como en las “épocas medievales”, explica Sonia Sierra, directora de la división de Protección de Víctimas y testigos del Departamento de Justicia.
La corrupción en el interior de los organismos de seguridad no solo se expande como un cáncer que facilita el accionar de los delincuentes sino que llena de dudas y temor a una sociedad que deja de confiar en quienes, constitucionalmente, están llamados a protegerla.
En Río de Janeiro, dos jefes de la Policía Civil fueron despedidos y responden a procesos por corrupción; en Caracas, el propio ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió que funcionarios de la Policía están involucrados en el 20% de los delitos que se cometen; mientras que en Buenos Aires se denunció que en el pasado, para ser jefe de una comisaría de Policía, se tenía que pagar a los ‘desarmaderos’ de carros.
La falta de políticas públicas que combatan eficazmente el crimen en las calles ha llevado a que cada vez más ciudadanos estén ejerciendo justicia por mano propia, lo cual agrava el problema, como de hecho ha sucedido en Uruguay. Allí el homicidio tuvo un incremento del 30%, en la mayoría de los casos debido a la violencia intrafamiliar y a los ajusticiamientos en comunidades.
El tema está a la orden del día, hace parte de la agenda de las campañas presidenciales que hoy se desarrollan en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia.
Desde los gobiernos locales y nacionales se plantean alternativas bien intencionadas que, sin embargo, no atacan el origen del problema. Hay que partir del reconocimiento de que las urbes de hoy no son las mismas de hace tres décadas y que demandan nuevas estrategias, recursos y creatividad para hacerles frente a estos males de las ciudades modernas; ciudades que, como en el poema de Kavafis, por más que lo intentemos, estamos condenados a habitarlas. “Aquí terminarás, no esperes nada mejor”.
Algunas medidas para el control
México
Se concretó la reforma penal que establece que las autoridades locales son competentes para combatir el ‘narcomenudeo’, a fin de que las autoridades federales se enfoquen en la distribución al por mayor.
Venezuela
Para frenar los asaltos en el transporte público, se puso en marcha el plan Ruta Segura, que incluye la presencia de militares dentro de los buses y en las paradas.
Argentina
Para disminuir los robos se atacó el comercio de los autopartes y los ‘desarmaderos’ de vehículos.
Ecuador
En junio los ministerios de Gobierno y Defensa suscribieron el Acuerdo Interministerial 001, que prohíbe el porte de armas, con o sin permiso de tenencia, en los espacios públicos.
Chile
Las autoridades implementaron los Tribunales de Tratamiento de Drogas. La iniciativa deriva al imputado a un programa de rehabilitación bajo la supervisión de un juez, para reinsertar a los farmacodependientes.
Brasil
Cuatro comunidades de rpui fueron ocupadas por una masiva fuerza policial, en turnos durante las 24 horas el día.