13 de enero de 2020 18:30

Defensoría del Pueblo pedirá medidas cautelares a CIDH para mujer que perdió un ojo durante el paro

Jhajaira Urresta recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo, afuera de su casa en Quito, el 12 de octubre del 2019. Ayer, 5 de noviembre del 2019, fue recibida en la Comisión Multipartidista para Investigar los Hechos relacionados al Paro Nacio

Jhajaira Urresta recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo, afuera de su casa en Quito, el 12 de octubre del 2019. Foto: Tomada del Flickr de la Asamblea Nacional

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Agencia EFE

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La Defensoría del Pueblo anunció este lunes 13 de enero de 2020 que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita unas medidas cautelares en favor de una mujer que perdió un ojo en las protestas de octubre de 2019 y que, según ella, ha sido amenazada por agentes del orden.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, señaló en una rueda de prensa que su institución ha emprendido dos acciones en favor de Jhajaira Urresta, una joven que perdió un ojo tras ser alcanzada por un disparo de bomba lacrimógena durante la represión registrada el pasado 12 de octubre en los barrios de Quito.

"Nos ha llamado la atención" esta situación de "persecusión" y de "intimidación que esta sufriendo" Urresta, por lo que, además de las medidas cautelares solicitadas a la CIDH, se ha pedido al Estado ecuatoriano que cese "cualquier tipo de represión" o de presión contra personas que denuncien eventuales abusos policiales, remarcó Carrión.

Su anuncio se dio el mismo día en que una Comisión de la Verdad, integrada a instancia de la Defensoría, inició la recogida de testimonios de eventuales vulneraciones de derechos humanos durante las protestas de inicios de octubre contra un decreto que eliminaba los subisidios a los precios de las gasolinas.

El objetivo de las medidas impulsadas por la Defensoría es "brindar y garantizar" el derecho de las personas para denunciar a la Comisión sus casos y que "puedan hacerlo con tranquilidad", agregó Carrión en las declaraciones difundidas a través de redes sociales.

De su lado, Jhajaira Urresta indicó que ha presentado su denuncia a la Defensoría del Pueblo por la "intimidación" que ha sufrido por parte de agentes que, según afirmó, le insultaron en las afueras de su vivienda.

"La amenaza fue directa" para que no denunciara a los gendarmes por la agresión sufrida el 12 octubre pasado, agregó.

Urresta dijo que en el proceso que ha iniciado no se ha presentado el agente que disparó el gas lacrimógeno y que le generó la pérdida del ojo, por lo que su acción recaerá también en los jefes directos de los policías que reprimieron a los manifestantes.

En ese sentido, también responsabilizó de los hechos a la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y al propio presidente de la República, Lenín Moreno, por haber ordenado la fuerte represión.

El defensor del Pueblo, tras señalar el caso de Urresta, aseguró que un equipo técnico de su entidad apoya la labor de investigación que ha emprendido la Comisión para la Verdad y la Justicia, que busca indagar sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional del pueblo que tuvo lugar entre el 3 y el 13 de octubre.

Sybel Martínez, presidenta de esa Comisión Especial, en otra rueda de prensa, dio a conocer los mecanismos que se abrirán para recibir desde hoy los testimonios relacionados con eventuales vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas.

"Se están buscando las herramientas que garanticen la justicia y reparación de las víctimas que sufrieron vulneraciones a sus derechos humanos", añadió Martínez al precisar que el proceso de recogida de versiones concluirá el próximo 14 de febrero.

"Una vez recopilada la información para esta investigación se brindarán las recomendaciones y observaciones correspondientes mediante un informe final que entregará la Comisión Especial para la Verdad y Justicia", agregó la comisionada.

De su lado, otro integrante de esa Comisión, el jurista Xavier Zavala, recalcó la importancia de diferenciar y determinar las vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado y los "delitos" eventualmente cometidos por ciudadanos durante las violentas manifestaciones de octubre.

Estas últimas, añadió Zavala, deberán ser derivadas a las instituciones competentes para estos casos como es la Fiscalía General del Estado.

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