Sobre la conformación de un consejo de enorme trascendencia, tardías son las lamentaciones realizadas por ciertos políticos, sectores de prensa, analistas, académicos y otras personas que hacen opinión, al constatar en los hechos que su integración servirá para materializar el control por parte del Gobierno de los distintos órganos y otros estamentos de la vida institucional. A diferencia de lo que quisieron creer y apoyaron decididamente, el mal llamado poder ciudadano ha devenido en una instancia que será conformada con personas que, por todo mérito, resaltan su activismo político, no desde los partidos sino desde instancias conformadas por grupos de amigos, pero políticos al fin, que en determinado momento se pusieron un membrete y que ahora resulta que son los elegidos para, a nombre de la sociedad, estructurar instituciones trascendentales para un verdadero Estado de derecho. Todo resulta una pantomima, en la práctica, lo único que ha realizado es captar el control de todas las instituciones por el grupo político hegemónico, sin que haya cambio alguno en las antes tan criticadas maniobras de la tradicional clase política.
Ahora, un concurso selecciona a candidatos que parte de su elevada calificación no la obtienen por méritos de servicio público, ni por la experiencia académica, tampoco por haber reflexionado en escritos o ensayos sobre temas de trascendencia nacional, sino que la deben al activismo estudiantil, mejor dicho, por lanzar piedras en las calles repitiendo las consignas de ese grupo extremista que ha secuestrado a la educación pública, con los resultados que están a la vista. Consecuencia: dos personas cercanas a esa agrupación integrarán el nuevo organismo.
¿Alguien que se respete a sí mismo participaría para optar en un cargo público a sabiendas que la calificación será realizada por estas personas? En innumerables ocasiones desde esta columna he insistido que poco o nada se puede esperar de actores que en el fondo no creen en el Derecho. Para ellos las normas son sólo expresión del poder de turno y, obviamente, repetirán hasta el cansancio que lo que se ha hecho no es sino aplicar el texto de las normas escritas. Quizás exista esta aplicación formal, pero el tiempo ha enseñado que los poderes estructurados para que funcionen bajo las indicaciones de los gobernantes terminan por los suelos.
El trabajo que queda por delante es restituir la legitimidad en todos estos procesos. Si se quiere en serio que este país funcione, se deberán construir instituciones sólidas que incorporen a los mejores hombres y mujeres de la nación, que actúen con independencia real del poder político de turno, sea cual fuere, que se deban únicamente al compromiso de servir a los conciudadanos con estricto apego a la Ley. Si no se lo hace, nunca superaremos el remedo de Estado de derecho que somos ahora.