7 de julio de 2019 00:00

Material extraído de minas va a mercados ilegales de tres países

En la fotografía se observa un asentamiento que fuera levantado por los mineros ilegales en el sector conocido como la Y, en Buenos Aires. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO.

En la fotografía se observa un asentamiento que fuera levantado por los mineros ilegales en el sector conocido como la Y, en Buenos Aires. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO.

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Reds. Seguridad y Negocios (I)

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Cientos de hectáreas de selva muerta. El paisaje destruido de Buenos Aires, un pequeño poblado de Imbabura, se repite en otras provincias como Zamora, Carchi, El Oro o Azuay.

Grupos dedicados a esta actividad han incursionado en el Alto Nangaritza, en Cielito, en Monteolivo, Zaruma, Pucará o Río Blanco.

Este Diario cruzó información con agentes asignados a rastrear estos ilícitos y ellos hablan de un fuerte “poder económico ilegal”, que está detrás de esta actividad.

En los operativos han decomisado, por ejemplo, dragas, bombas de agua, reflectores, generadores, cables de luz, mangueras, compresores, laboratorios, cianuro, taladros, explosivos, barrenos y hasta tractores de alta potencia.

Según las investigaciones, las mafias pueden invertir “miles de dólares” para movilizar todo el material. Solo de enero del 2018 al 27 de junio pasado, la Policía decomisó 3 474 toneladas en rocas y tierra, que pertenecían a estos grupos.

Pero el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dice que, a diferencia de Buenos Aires, en otros sectores se han reportado “incipientes brotes” de minería ilegal y que actualmente están controlados. “Hay 10, 20 o 30 personas involucradas, por esto se ha intervenido de inmediato y se ha erradicado los brotes”.

Aunque en menor medida, en todas las minas ilegales se han reportado delitos conexos como el lavado, evasión fiscal y el contrabando de combustibles y de químicos, para extraer oro, cobre, plata, hierro.

Desde el 2018, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) también ha decomisado otras 1 500 toneladas de material mineralizado.

En función del contenido de oro que se encuentre allí, el Estado podría recuperar entre USD 15 millones y 20 millones.

El Gobierno debe primero procesar este material. Esto se hará una vez que culmine el concurso público para contratar una “planta de beneficio”.

Para entender la magnitud de este negocio ilícito, un investigador dice que las incautaciones logradas únicamente corresponden al 30% de todo el material mineralizado que las bandas movilizan.

El 70% restante se comercializa de forma clandestina en Colombia, Venezuela y Perú. Una vez convertido en barras, el kilo de oro ilegal se vende en menos de la mitad de lo que cuesta en el mercado legal
internacional, que actualmente están en USD 42 000. Luego, las mafias revenden el producto, aunque sin los documentos que respalden el origen.

Por su proximidad con Colombia, otros dos focos de minería ilegal se han detectado en zonas rurales de San Lorenzo, en Esmeraldas, y Tobar Donoso, en Carchi, aunque no aparecen en el mapa del Viceministerio de Minas. Agentes investigadores advierten que a esos lugares arriban, cada cierto tiempo, disidentes de las FARC y otros miembros de bandas criminales.

En el 2017, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ya advertía sobre la presencia de organizaciones de narcotráfico relacionadas con la minería ilegal en Colombia.

Según militares ecuatorianos, estas redes compran el material extraído y se lo llevan para tratarlo en el lado colombiano. Pero también hay información de que el material es procesado en Ecuador en laboratorios clandestinos instalados en Azuay y El Oro. Estos sitios ahora son investigados.

El oro de la frontera sur, en el Alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe, en cambio, es comprado por mafias peruanas.

Los agentes advierten que estas transacciones siempre son en efectivo. Desde enero del año pasado hasta junio, la Policía Nacional ha descubierto USD 181 393 en efectivo en diferentes operaciones contra este delito. Además, ha retenido 350 vehículos.

En cambio, la Arcom se ha incautado de 123 retroexcavadoras entre noviembre y diciembre pasados. Tras esta operación, la extradición de oro en Nangaritza quedó paralizada. Pero el mes pasado, una inspección policial mostró la presencia de tres máquinas ubicadas sobre el borde del afluente.

Con sus brazos metálicos arrancan árboles y más vegetación, para preparar el terreno.

El problema de esta práctica ilegal es que el mineral está en polvo y para amalgamarlo hay que utilizar sustancias como el mercurio o el cianuro que contaminan los ríos.

Un dirigente de la Asociación Shuar Tanyunts, que agrupa a siete comunidades ancestrales, que viven en el Alto Nangaritza, contó a este Diario que desde diciembre del 2018 han pedido la intervención de las autoridades.

Denunciaron a los mineros en la Fiscalía y a partir de allí se han realizados controles.

“Nosotros nos oponemos a la minería en nuestro territorio, pero esta gente a veces está armada y otras veces tiene dinero para comprar permisos y se quiere mezclar con la minería artesanal”, dijo el dirigente.

Esta última, a diferencia de la minería ilegal, sí está regulada y se hace bajo normas técnicas.

En los reportes oficiales también hay evidencia de actividades mineras, aunque no permanentes, en Napo y Pichincha. Las autoridades dicen que están erradicados.

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