Grupos de padres de familia, estudiantes y egresados (con uniforme) protestaron en apoyo al docente investigado. Patricio Terán / EL COMERCIO
El video de un docente golpeando con un palo a por lo menos siete estudiantes ha generado un debate sobre el castigo físico como forma de disciplina. Aunque en estos días se habla de ese plantel, no es el único en Quito en donde se han reportado maltratos así.
En este año lectivo se han registrado 85 casos de violencia física y psicológica en establecimientos fiscales, privados y municipales de Quito.
De ellos, 75 ocurrieron en el ámbito fiscal y se trata de violencia física. El resto (10) en el municipal, fiscomisional y particular. Así lo precisó el lunes, 18 de junio del 2018, la subsecretaria de Educación del Distrito de Quito, María Augusta Montalvo.
A los maestros fiscales señalados se les inició una investigación y fueron separados de sus cargos hasta que esos procesos concluyan. Eso dura, al menos, 90 días.
Las sanciones van desde la suspensión de entre 15 y 70 días hasta la destitución del cargo. Montalvo confirmó que 55 de los maestros mencionados ya tienen una sanción de suspensión. Eso implica que, luego de cumplirla, volverán a sus funciones como docentes.
Tres de los investigados fueron removidos de sus cargos. En estos casos, no volverán a la docencia en planteles del país.
El caso del Colegio Mejía, en donde según Montalvo se evidenció “maltrato físico a través de un video”, está en proceso de investigación. Las autoridades del centro, al que asisten 5 700 alumnos en tres jornadas, siguieron los protocolos definidos de protección de derechos de niños y adolescentes.
La naturalización de la violencia es uno de los problemas del país, según Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez. Estas prácticas -dice- no han podido erradicarse de colegios tradicionales como el Mejía. “Mantenerlas es incomprensible”, comentó y recordó que por años han propuesto formar una red contra la violencia en el ámbito educativo.
En el país, en 18 años apenas se han reducido las cifras de maltrato de maestros a los alumnos. Eso lo muestra el estudio ‘Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad del 2016’, de Unicef y otras.
En el 2000, el 10% de chicos afirmó haber recibido golpes de sus profesores. En el 2015, el 7% de niños era maltratado físicamente.
En redes sociales y en las calles, el video del profesor que agrede a los estudiantes revivió el debate sobre la convivencia dentro de los planteles. Un grupo de egresados mayores de 20 años, incluso usando el uniforme del planteñ, así como padres de familia y estudiantes protestaron el lunes en los alrededores del Mejía.
En las cuentas de redes sociales de egresados y estudiantes del Mejía, varios llamaron al inspector “segundo padre” y respaldaron sus métodos.
Maestros y estudiantes de otros colegios, que pidieron la reserva de sus nombres, justificaron el uso de la violencia de los docentes. Dijeron que se enfrentan a jóvenes que ingieren alcoholy que usan drogas.
Mariela Fuentes, madre de un alumno de tercero de Bachillerato, contó que su hijo nunca ha llegado con una queja de maltrato físico de un profesor.
Pero si lo hiciera, anotó, ella apoyaría la decisión del maestro. “Si no fuera por él (inspector), los jóvenes se desviarían”.
Una visión algo diferente tiene la Sociedad de Egresados del Mejía 2016-2018. En un comunicado, rechazaron la agresión del docente, la calificaron como un “error”. Sin embargo, hablaron de la “trayectoria” del educador en las aulas.
En el mundo, organizaciones que protegen los derechos de los niños han reiterado que no se puede permitir la violencia como forma de disciplinar. Y recuerdan que hay desventajas entre un maestro (adulto) y niños y adolescentes. Además de lo que implica la figura del docente dentro de un plantel.
El estudio del 2015 muestra que los alumnos que mayor trato violento reciben tenían de 5 a 11 años. Y mencionaron como prácticas de maltrato: golpes, insultos, burlas y dejar al alumno sin recreo, es decir, violencia física y emocional.
En el país hay un sistema de protección de derechos, del que son parte las juntas cantonales, como las de Quito. En el Distrito hay dos: en el Centro y en La Delicia.
En cada una de ellas se recibe unas 1 200 denuncias por vulneración de derechos de menores de edad. Incluye denuncias contra docentes y familiares, según Byron Cuesta, uno de sus representantes.