15 de septiembre de 2019 00:00

Las mafias buscan reclutar a los migrantes

Organizaciones como la Acnur y la OIM trabajan de cerca con los migrantes en el Cebaf, en Huaquillas, El Oro. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Organizaciones como la Acnur y la OIM trabajan de cerca con los migrantes en el Cebaf, en Huaquillas, El Oro. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Jorge González

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Un hombre vestido con una larga túnica y de aspecto árabe se mezcló entre la gente. Llamó la atención su peculiar vestimenta, poco común en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), de Huaquillas, donde ‘habitan’ 200 ciudadanos venezolanos.

Pero su presencia alarmó aún más a los organismos no gubernamentales que laboran con esa población. Notaron una extraña actitud. Durante tres horas había fotografiado a los niños y las niñas que están con sus padres represados, desde hace 45 días en el centro. Ellos esperan regularizar su situación y continuar el periplo hacia el sur del continente.

Este hecho, a inicios de mes, fue una de las alarmas por riesgo de trata de personas que ha activado a las oenegés y autoridades para protegerlos. La situación se agravó desde junio pasado, cuando Perú decidió exigir visa a los venezolanos.

Desde entonces, se registra al menos una alerta cada semana por intentos de someter a los foráneos. A eso se suman el microtráfico y la violencia.
Ahora el Cebaf se ha convertido en una especie de imán para intentar reclutar personas para la prostitución y el expendio de estupefacientes.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene su lectura: hay una población vulnerable cuya situación se agrava por el hacinamiento y estatus irregular. En el centro hay un promedio de 200 personas cada día.

El sitio es amplio, pero tiene poco control en sus ingresos y salidas. No se supervisa quién entra o sale. Los migrantes han armado habitaciones improvisadas con cartones, carpas, sábanas y plásticos. El pasado jueves, por ejemplo, el intenso sol los obligó a permanecer dentro de sus ‘viviendas’.

Los menores durmieron en el suelo en plena tarde. Finas sábanas les
sirvieron de colchones. No hay privacidad. Se bañan y lavan la ropa en sitios comunes. Algunos árboles sirven como tendederos de ropa.

La Policía realizó el jueves actividades lúdicas con los niños residentes del Cebaf. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La Policía realizó el jueves actividades lúdicas con los niños residentes del Cebaf. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO


La Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son dos de los grupos que trabajan con esa población vulnerable. Lilian Lozano, jefa de la Oficina Acnur en el Cebaf, recordó que al hombre árabe lo encararon. Él justificó que buscaba chicos para “un partido de fútbol”. Al verse descubierto corrió hacia el exterior y escapó en un vehículo de placas chilenas.

Magaly Peña, coordinadora de la OIM, relató que ha llegado gente disfrazada. “Hemos tenido casos de vehículos que llegan muy seguidos, sacerdotes con monagillos, vendedores de pinchos, de café, gente camuflada, que se familiariza, y al tercer día empiezan a convencer a los chicos”.

Una de las estrategias que usan es ofrecerles trabajos con salarios superiores a los USD 800 en ciudades peruanas como Lima y Chiclayo.

Les piden que entreguen su pasaporte. El 3 de septiembre se conoció el caso de una venezolana, de 24 años, a la que le ofrecieron un empleo en una discoteca de Huaquillas. La habían drogado y violado tras aceptar la oferta.

La OIM actuó de oficio, pues la víctima no colocó denuncia. La enviaron a una casa de acogida fuera del cantón orense.

Acnur y MIES hicieron un censo para un mayor control en el Cebaf. El 9 de septiembre las cifras revelaron que de las 208 ‘residentes’, 57% era mujer y 62,5% tenía entre 18 y 64 años.

Pese a las alertas, no hay procesados. Diego Carrillo, jefe de Operaciones del Distrito Huaquillas de la Policía, confirmó que por temor a represalias los llaneros no denuncian. Pero la Policía Judicial realiza las investigaciones de quienes intentan concretar actos ilícitos con esa población.

Una vez por semana, seis agentes realizan actividades lúdicas con los pequeños y las madres del campamento.

Hay temor. Una migrante, de 35 años, relató que en las noches “terceras personas” ingresan para ofrecer a los más jóvenes que ganen dinero vendiendo droga. “Además de la preocupación por el estatus legal, se vive en zozobra por estas personas”. Otros cuentan que es común ver a camioneros y taxistas que llegan buscando chicas para ofrecerles dinero a cambio de sexo.

La Defensoría del Pueblo, junto con las oenegés, buscan que los municipios limítrofes habiliten centros transitorios.

El Municipio de Huaquillas no descarta activar un refugio siempre que exista un plan de acción. Zaida Rovira, directora de la Defensoría del Pueblo zona 7, teme que la situación desborde en violencia ante la migración irregular y masiva.

Señaló que son personas que están en el limbo porque no saben adónde ir y no se irán hasta resolver su situación legal.

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