29 de September de 2009 00:00

Libertad de expresión

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Federico Chiriboga

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Unas reflexiones a propósito de la indagación iniciada en la Fiscalía y del juicio penal que sigue la misma en contra de un ex canciller y ex embajador en Washington, por haber emitido opiniones que, a criterio de tal Fiscalía, constituyen indicios de uno de los delitos contra la seguridad del Estado.

Según informó la prensa, el Fiscal General anunció que iniciaría una indagación en contra de los ecuatorianos que han dado credibilidad al video en el que el jefe de las FARC, ‘Mono Jojoy’,  afirma que entregó dinero a la campaña electoral del presidente Correa, porque “autotitulándose diplomáticos e internacionalistas, están atentando contra la seguridad del Estado”.

La Constitución vigente establece que en materia de tratados internacionales se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos y de aplicación directa.

Conviene, por tanto, recordar los preceptos relevantes de esos tratados, de aplicación preferente y obligatoria en nuestro país.

Empecemos por la Convención de San José de la que transcribo lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Esa Convención, así como nuestra Constitución, garantiza la igualdad ante la ley, derecho que no se ha respetado porque el Fiscal tiene dicho que la indagación se hará contra los internacionalistas, pero no a la prensa ni a los periodistas.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos declara que en todas sus formas, es un derecho fundamental e inalienable de todas las personas, que no puede estar sujeto a condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad e imparcialidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el “mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso por parte de la sociedad en su conjunto.
La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.

Varios tratados tendrá que denunciar el Estado ecuatoriano si se quiere proseguir con una ley mordaza a la libertad de expresión y de comunicación, así como con el juicio contra el doctor Édgar Terán, quien, además, presidió la Comisión de Paz con el Perú, habiendo servido a la nación con honor.

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