Se encuentra en el debate parlamentario el proyecto de Ley Orgánica de Educación General, que reemplazará a la normativa vigente desde 1983. Esta Ley es crucial para el futuro de niños y jóvenes, por lo que el país tendría que poner especial atención a las deliberaciones de la Asamblea y a lo que finalmente se apruebe.
Sin duda, Ecuador necesita leyes que armonicen con los nuevos tiempos y sean parte de un conjunto coherente y democrático que permita alcanzar equidad social,
mejoras en la distribución de la riqueza y un modelo de desarrollo donde todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades.
Con ese espíritu, al menos en el discurso, se trazaron las grandes líneas del proyecto, pero han surgido sombras y dudas relacionadas con los verdaderos objetivos que el Gobierno pretende alcanzar con la Ley.
Entre las principales preocupaciones de sectores especializados en el tema educativo está la excesiva centralización de las grandes decisiones administrativas y financieras para el funcionamiento del sistema.
Otras organizaciones han denunciado una probable intencionalidad de convertir a la educación escolar y a la colegial en una herramienta ideológica y partidista del Régimen, mientras que los profesores agrupados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) se oponen a la eliminación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional.
Aunque los asambleístas del oficialismo descartan esas críticas y aseguran que solo se trata de crear miedos, la mejor manera de despejar las dudas será, siempre, una adecuada política de comunicación, y transparencia en las deliberaciones legislativas, para tener resultados duraderos.