Legisladores y organizaciones solicitan archivo del Código de la Niñez, en segundo debate
La Comisión Ocasional de la Asamblea durante la sesión virtual de este 25 de marzo del 2021. Foto: Flickr Asamblea
Las posiciones con respecto a las reformas al Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) continuaron siendo contrapuestas durante el segundo debate que se realizó en el Pleno de la Asamblea, hasta las 18:25 de este jueves 25 de marzo del 2021. Mientras algunos legisladores y la Comisión Ocasional que atiende temas y normas sobre Niñez y Adolescencia habla de una norma garante de derechos, activistas y organizaciones piden el archivo del proyecto.
Los legisladores conocieron el contenido del informe del proyecto de Código. La Comisión Ocasional que atiende temas y normas sobre Niñez y Adolescencia detalló el trabajo ejecutado y la forma de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Copinna.
Según el texto preparado por la Comisión Ocasional, en dos años y cinco meses que ha permanecido vigente la mesa, desarrollaron 132 sesiones, tres de ellas en las provincias de Guayas, Manabí y Bolívar. En los eventos receptaron observaciones y planteamientos en torno a los derechos de la niñez y adolescencia. Adicionalmente, se dijo en el informe que las entidades públicas que forman parte del Sistema Descentralizado emitieron 17 documentos con aportes y observaciones para la construcción del Código.
De parte de la sociedad civil, la comisión sostuvo que recibieron 11 documentos con aportes, cinco por parte de la academia, específicamente por expertos en Derechos Humanos. Además en el informe se sostiene que participaron 20 000 niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, quienes expusieron las problemáticas que afrontan diariamente. En el informe consta que el Código fue “ampliamente participativo mediante foros, talleres, consultas, deliberaciones públicas y reuniones de trabajo”.
Tras la lectura del informe, la asambleísta Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión Ocasional que tramitó la norma, señaló que el Copinna mejorará la calidad de vida de más de seis millones de niños, niñas y adolescentes. “Aprobamos el informe para segundo debate que ha sido elaborado de manera participativa”.
Por el Pacto por la niñez y adolescencia, María Poema Carrión, sostuvo que la propuesta aún es mejorable en varios aspectos, “aunque los progresos alcanzados son significativos y necesarios”.
El abogado y docente universitario Christian Paula señaló que recomienda archivar la propuesta debido a la confusión técnica entre principios, derechos y enfoques, “entre otros vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo explicó que para que funcione la institucionalidad propuesta en el Código debería haber una reforma constitucional. “Una ley orgánica de esta categoría no puede reformar la institucionalidad”. También dijo que en la norma hay temas que preocupan a la población Lgbti (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo).
El representante de Unicef en Ecuador, Joaquín González Alemán, dijo que todavía es necesario revisar la congruencia de la propuesta con otros cuerpos legales nacionales, además de atender la incorporación de ejes transversales como género, discapacidades, diversidad sexogenérica, entre otras.
La reforma tiene buenos artículos pero que una ley “no puede ser la suma de buenos artículos”, sino que debe ser tratada de manera integral, sostuvo Natasha Montero, miembro de la Junta Metropolitana de Derechos de Niñez y Adolescencia de la zona La Delicia (Quito). Por ello pidió el archivo de la reforma y que se convoque a un proceso participativo.
“Para la plena ejecución del Código de la Niñez es necesario que exista un presupuesto claro. No es posible arriesgar los derechos de niñas, niños y adolescentes".
Pero otras organizaciones que defienden derechos tienen criterios diferentes en torno a la reforma al Copinna. La Fundación Dignidad más derechos y Fundación Desafío, por ejemplo, piden que se apruebe el texto que incluye el aborto en caso de violación.
El tema consta en la cuarta disposición reformatoria. Se plantea cambiar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e incluir entre las causas de aborto no punible: “si el embarazo es consecuencia de una violación y afectación a la salud integral de la niña o adolescente”.
En Ecuador, entre el 2015 y septiembre del 2020 se registraron 20 682 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en el 2018, unas 148 adolescentes de 15 a 19 dieron a luz cada día y que Ecuador es el país con la segunda tasa de embarazo más alto a nivel regional, recuerdan las organizaciones.
Berenice Cordero, de Dignidad más derechos, dijo durante el debate que la ley debe ser útil para detener prácticas violentas. “Esta reforma busca recuperar la especialidad en el ámbito de la justicia y fortalecer la protección de la integridad de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Para Alianza Niñez y Adolescencia, Rescate Escolar, Colectivo Género y Acción Política, Surkuna, entre otros, la reforma es “minorista, asistencialista y regresiva de derechos y contraria a estándares nacionales e internacionales”.
La legisladora Dallyana Passailaigue señaló que en julio del 2020 presentó su renuncia a la Comisión Ocasional. “Mi mayor preocupación radicó en la forma en la que se estaba manejando el proceso de construcción del Código en ese momento, la comisión se le había alargado el plazo por cuarta ocasión para la presentación del informe, sin asesores especializados, sin equipo técnico para esta decisión tan sensible”.
Luego de más de dos horas de debate, el titular de la Asamblea suspendió la sesión y dijo que hará una nueva convocatoria, oportunamente.