Marco Arauz Ortega
Subdirector General
marauz@elcomercio.com
La presión pública que ejerce el Gobierno sobre los jueces que fallaron a favor de Teleamazonas, dando a entender que está prohibido oponerse a los designios presidenciales, es otra vuelta de tuerca sobre un sistema judicial que, tal como ayer, sigue supeditado al poder político.
Basta que un jefe policial vuelva a poner sobre el tapete las ya viejas críticas a las fallas de los jueces, para que las autoridades gubernamentales los linchen públicamente.
Esos dos casos aumentan las dudas sembradas desde el Ejecutivo sobre un poder fundamental en la vida democrática y que, paradójicamente, fue restructurado al calor de la llamada revolución ciudadana para dejar atrás un pasado ciertamente oprobioso.
Con esa demolición, el Ejecutivo da la razón a quienes creían que una Función Judicial condicionada por su carácter de temporal y nacida de una votación política no iba a ser ni fuerte ni independiente. Si hay discrepancias entre los agentes del orden y quienes juzgan a los presuntos delincuentes, lo normal habría sido procesarlas a través de una relación institucional sana y constructiva.
Es desalentador asimismo observar lo que pasa en la Fiscalía, cuyo titular, en su pugna con asambleístas gubernamentales, actúa política y mediáticamente al mencionar presiones, pero se guarda la información en caso de que necesite administrarla más adelante… Tampoco es tranquilizador pensar en el futuro del sistema de justicia cuando ya se sabe que el ente nominador fue penetrado por los políticos. ¿Ese fue el cambio prometido? Nada que ver.