12 de octubre de 2020 00:00

De siete juicios políticos, 3 llegaron a resolución en el Pleno de la Asamblea

El presidente del Cpccs, Christian Cruz, es el séptimo funcionario en afrontar un proceso de este tipo en el Legislativo. Foto: archivo / EL COMERCIO

El presidente del Cpccs, Christian Cruz, es el séptimo funcionario en afrontar un proceso de este tipo en el Legislativo. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

El presidente del Consejo de Participación (Cpccs), Christian Cruz, confirmó que acudirá al Pleno de la Asamblea para defenderse del juicio político. En poco menos de año y medio, uno de seis procesos de este tipo terminó en censura y destitución.

El juicio político a Cruz es el séptimo pedido de interpelación que se tramita en el Parlamento, desde que el 14 de mayo del 2019 esta Función se reorganizó para lo que resta de su período.

A su vez, es el primero en ser enviado al Pleno por la Comisión de Fiscalización, desde su reestructuración hace cuatro semanas, tras las renuncias de los asambleístas Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, investigados por delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión, el asambleísta Elio Peña (PK), dice que no le preocupa que el funcionario haya recurrido a la Corte Constitucional para tratar de frenar su interpelación. Sostiene que no puede haber “intromisión” de otros estamentos en las decisiones del poder Legislativo.

“Lo que él diga, al menos a mí, me tiene sin cuidado, yo estoy cumpliendo con el deber que me encomendó el Pleno. En todo caso, esos son recursos que le asisten a él, el desenlace no sabemos, pero, más bien, él debió de preocuparse de desvirtuar lo interpuesto por el interpelante, que hasta el momento no lo ha hecho”, enfatizó.

El proceso es impulsado por Henry Kronfle (PSC) y se sustenta en tres causales. Dos de ellas aluden a una falta de probidad por la presunta obtención irregular del carné que le otorga a Cruz 81% de discapacidad visual y auditiva, así como un supuesto uso de documentos falsos.

Una tercera tiene que ver con una supuesta arrogación de funciones de Cruz al haber emitido reglamentos para el manejo de bienes y entrega de viáticos en el organismo, sin que hayan tenido la aprobación del Pleno.

Cruz aduce que en su caso han existido violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, por lo que incluso no descartó acudir a instancias internacionales. Cree que su suerte aún no está echada y dijo que acudirá al Pleno para presentar su argumento.

“Acudiré a todas las instancias porque tengo, primero, la verdad; segundo, porque tengo que hacer respetar la ley y la Constitución; y porque mi presencia en el Consejo representa a más de 800 000 personas que votaron”, sostuvo Cruz, quien presentó el viernes pasado una acción de protección, que fue admitida a trámite y podría detener la interpelación.

El informe que recomienda el juicio político fue aprobado por unanimidad en la Comisión. El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), convocó al Pleno a la interpelación a Cruz mañana a las 11:30.

El 14 de agosto de 2019, Juan Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, integrantes del Cpccs, fueron destituidos por incumplir sus funciones al irse en contra de una decisión que blindó las resoluciones del Consejo transitorio.

La resolución fue aprobada con 84 votos a favor. Actualmente, Tuárez afronta una condena por gestionar cargos en el sector público. Mientras que en la pasada contienda electoral, Desintonio y Gómez no lograron los votos para regresar al Cpccs.

Otro proceso que se siguió contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, terminó en la censura en el Pleno, mientras que el exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, se salvó de correr igual destino, pues solo hubo 59 de los 91 votos que se requerían.

En cambio, los que se siguieron contra el Consejo de la Judicatura transitorio y contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, terminaron en el archivo de la Comisión. En tanto que el que afrontó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, terminó en el limbo por falta de votos para que el juicio político pase al Pleno.

Con las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que fueron aprobadas el lunes pasado, el escenario para el trámite de los juicios políticos podría cambiar, a menos que el Ejecutivo imponga su veto al proyecto.

El proyecto estipula plazos específicos para el procesamiento de las solicitudes, que todos los expedientes vayan a resolución del Pleno y que quienes sean censurados no podrán ejercer cargo público por dos años.

El vicepresidente del Parlamento, Patricio Donoso (Creo), dijo que se aplicará “para los que vengan a partir de la publicación de la ley en el Registro Oficial. Ya no para los iniciados”.

La asambleísta Marcela Aguiñaga (RC) pronostica que el Ejecutivo vetará totalmente el texto porque la Asamblea insiste en textos que ya fueron objetados por el presidente Lenín Moreno en 2017.

Entre los temas pendientes de esta comisión está el trámite de cinco pedidos de juicio político contra el exministro de Finanzas, Richard Martínez, y otro contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

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