3 de junio de 2019 00:00

10 juicios políticos tramitó la Asamblea Nacional en dos años

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requieren  91 votos para la censura y destitución de un Ministro de Estado. Eso equivale a las dos terceras partes del Pleno. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requieren 91 votos para la censura y destitución de un Ministro de Estado. Eso equivale a las dos terceras partes del Pleno. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Más de un año debieron esperar asambleístas del PSC y de Creo para que llegara al Pleno su pedido de juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa. El tema será tratado este miércoles, según anunció el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP).

Esto ocurre a menos de una semana que finalice el plazo legal para un proceso de control político de este tipo contra un exministro de Estado.

La fecha de la comparecencia fue sugerida por la propia Espinosa, en una carta remitida a Litardo el 21 de mayo pasado, y -según se lee- “no se contrapone con ningún evento político internacional previamente establecido” en la agenda de la excanciller. La misiva provoca críticas no solo del PSC y de Creo, sino también de asambleístas del correísmo, como Marcela Aguiñaga, del grupo de la Revolución Ciudadana (RC).

“Eso me parece que es una cachetada a lo que representa el Poder Legislativo. Un exfuncionario tiene la obligación constitucional de responderle a este Poder hasta un año después de haber dejado el cargo”, enfatiza Aguiñaga.
La carta llegó al despacho del titular del Legislativo desde Nueva York, Estados Unidos, en donde Espinosa se desempeña como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Un día más, un día menos, esto no va a cambiar la forma como se puede generar este procesamiento”, adujo Litardo, al confirmar que convocará al Pleno para tratar este asunto el próximo miércoles (aunque hasta el cierre de esta edición todavía no se oficializaba).

En la misiva, Espinosa solicitó comparecer por videoconferencia para defenderse de las acusaciones de haber incumplido con sus funciones en el cargo que ejerció entre mayo del 2017 y el 11 de junio del 2018.

El caso terminó de ser sustanciado en la Comisión de Fiscalización el 14 de mayo pasado, adonde la exfuncionaria de Gobierno envió sus pruebas de descargo por escrito.

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) admitió a trámite la solicitud el 26 de marzo pasado, durante la presidencia de Elizabeth Cabezas (AP), diez meses después de haber sido presentada con 59 firmas de respaldo.

Este es el décimo juicio político en ser tramitado en los dos años que va del período legislativo y el último que tuvo la Comisión de Fiscalización, bajo la presidencia de la oficialista María José Carrión.

El primero terminó con la censura del excontralor del Estado Carlos Pólit, prófugo de la justicia, y fue el único en el que hubo unanimidad entre sus 12 integrantes (ver recuadro), en el 2017.

Otros tres: el expediente contra el exvicepresidente Jorge Glas, el caso del Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh y el del exsuperintendente de Bancos Cristian Cruz quedaron en el ‘limbo’.

En el caso de Glas, el proceso no fue sometido a votación en la Comisión, luego de que el exsegundo Mandatario fuera separado del cargo y sentenciado a seis años de cárcel por la trama de asociación ilícita de la constructora Odebrecht.

Los informes respecto de Cruz y de la Judicatura, en cambio, no fueron remitidos para su resolución en el Pleno, debido a que solo lograron seis votos (de los siete necesarios) para que la Comisión los aprobara.

Solo el caso de Carlos Ochoa, exsuperintende de Comunicación, y el del exfiscal Carlos Baca Mancheno terminaron con censura y destitución.
Otro de los exfuncionarios en ser censurado fue Diego García, exprocurador general del Estado, esto le impide ejercer cargos públicos por al menos dos años.

La misma suerte pudo correr Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, de no ser porque en el Pleno no hubo los 91 votos que se requieren. Mientras, el proceso contra Rubén Flores, exministro de Agricultura, terminó en el archivo.

Carrión, como presidenta, dio sus votos para ocho de estos procesos. Pero en el caso de Flores se abstuvo y en el de Baca Mancheno principalizó a su asambleísta alterno, José Egas, quien se abstuvo.

La asambleísta Karla Chá­vez, por su parte, no participó en cinco de las votaciones que tuvo la comisión. En su lugar acudió su alterno, Euro Torres. Ella dice haber actuado apegada a la Ley.

Chávez se desafilió hace dos meses como asambleísta de Alianza País y se desempeñaba como vicepresidenta de la mesa de Fiscalización.
Desde el 16 de mayo pasado, su puesto lo ocupa el legislador independiente Eliseo Azuero, producto de un acuerdo entre AP, Creo y partidos de minoría, que viabilizó la reorganización de las comisiones. El oficialismo conserva la presidencia con Johana Cedeño.

El número de juicios políticos tramitados hasta ahora contrasta con lo sucedido en los cuatro años anteriores, durante la presidencia de Gabriela Rivadeneira (exAP), cuando ninguno llegó al Pleno.

“En mi período también entraron solicitudes de juicio político que estuvieron en las comisiones, el asunto es cuánto pueden sustentarse”, adujo. La asambleísta correísta aún no decide si dar paso a una censura para la excanciller Espinosa.

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